Los conjuntos pueden sancionar el ruido excesivo
El ruido es una de las principales causas de conflicto en la vida comunitaria. Más allá de una simple molestia, el exceso de sonido puede vulnerar derechos fundamentales, como la tranquilidad y la salud. En Colombia, los conjuntos residenciales tienen la potestad de sancionar estas conductas.
La ley colombiana reconoce la contaminación sonora como una infracción. Las administraciones de propiedad horizontal pueden imponer multas cuando un residente sobrepasa los límites permitidos o ignora los horarios de silencio. Las sanciones pueden llegar hasta los 759.200 pesos, dependiendo de la gravedad y frecuencia.
La normativa se apoya en tres pilares: los límites de decibeles, los horarios de silencio y el debido proceso. En zonas residenciales, los niveles máximos son de 65 dB durante el día y 55 dB durante la noche. El horario nocturno suele definirse entre las 10 p.m. y las 7 a.m., aunque cada conjunto puede ajustarlo.
Las denuncias por ruido deben gestionarse con evidencia. Se recomienda medir los niveles sonoros o registrar los incidentes. De esta manera, la administración puede aplicar sanciones fundadas y evitar arbitrariedades. La finalidad es proteger la convivencia, no castigar sin fundamento.
El exceso de ruido no solo afecta al oído; también repercute en la salud mental. Las personas expuestas constantemente a altos niveles de sonido sufren más estrés, ansiedad e irritabilidad. Por eso, controlar el volumen es una forma de autocuidado colectivo.
La comunidad puede fomentar la prevención mediante campañas pedagógicas, charlas de convivencia o acuerdos vecinales. Promover el respeto mutuo resulta más efectivo que imponer multas reiteradas. La meta es construir espacios donde el descanso y la recreación coexistan en equilibrio.
Una sanción no reemplaza la empatía. Escuchar con respeto y mantener el volumen moderado son los primeros pasos hacia la armonía.