El aspirante presidencial señala que la decisión vulnera derechos democráticos fundamentales.
La cortina electoral del año 2026 comienza con un episodio de alto impacto: la negativa por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil de aceptar la inscripción del comité de firmas del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para aspirar a la presidencia en representación del progresismo. Según la entidad, la razón principal es que Quintero no presentó la renuncia requerida tras su participación en la consulta interna del Pacto Histórico, lo cual impide formalmente que acceda a la candidatura por firmas.
Quintero, por su parte, rechaza categóricamente la decisión y la califica como un “abuso de poder” y una “extralimitación” del registrador Hernán Penagos, anunciando acciones legales que incluyen una denuncia por prevaricato y una tutela ante la justicia penal.
El aspirante defiende que no milita en el Polo Democrático Alternativo, partido convocante de la consulta, lo que en su criterio lo exime de la obligación de renuncia. La Registraduría, por su parte, sostiene que la falta de comunicación sobre su retiro impide su inscripción.
El episodio ha prendido las alarmas entre analistas políticos, quienes advierten que el sistema de candidaturas por firmas podría verse limitado si se establecen condiciones más estrictas de las previstas. Los partidos tradicionales podrían ganar ventaja si los mecanismos alternativos se empantanan en barreras institucionales.
La urgencia del proceso no es menor: el Pacto Histórico y otros movimientos de izquierda tienen previsto elegir su candidato único en marzo de 2026, lo que convierte cada trámite legal y electoral en una pieza clave para la estrategia política. La tutela de Quintero podría tardar o resultar en suspensión de plazos, lo que afectaría su participación.
Mientras tanto, la atención pública crece y la cobertura mediática se concentra en el vínculo entre institucionalidad electoral, participación ciudadana y equidad política. El escenario exige transparencia y claridad para preservar la confianza en el sistema democrático.
La controversia sobre la inscripción por firmas del exalcalde Daniel Quintero y la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil pone en jaque los mecanismos de acceso a la política en Colombia. El resultado de la denuncia y de la tutela en curso será determinante para los futuros aspirantes y la credibilidad del proceso electoral.