La orden de evacuación obliga a una comunidad completa a replantear su futuro en la capital
En una instalación del Distrito de Bogotá denominada UPI La Rioja, la etnia Emberá convive con incertidumbre: las autoridades han dado un plazo para evacuar por riesgos en la infraestructura.
El anuncio ha generado alarma entre 389 personas que incluyen mujeres embarazadas, niños menores y adultos mayores, quienes consideran este espacio como su rutina y hogar.
Desde el Gobierno local se argumenta que el desarrollo de la construcción del metro y el uso de maquinaria pesada en los alrededores muestra condiciones de riesgo que impiden la permanencia de la comunidad en ese asentamiento.
Por otro lado, los representantes de la comunidad Emberá sostienen que no se han garantizado condiciones de traslado dignas, ni la preservación de su identidad cultural y su tejido comunitario.
Las propuestas de alquiler o traslado a otra UPI no convencen a la comunidad, que reclama un retorno seguro o la permanencia en el lugar actual con garantías.
Esta situación en Bogotá plantea interrogantes sobre la política de vivienda para comunidades indígenas, la legalidad de los asentamientos colectivos y cómo se pueden articular los derechos humanos con la urbanización acelerada.
Además, abre el debate sobre cómo las ciudades deben responder cuando comunidades históricas habitan espacios informales y el Estado interviene en nombre del desarrollo urbano. La situación en la UPI La Rioja demuestra que en Bogotá, más allá de la infraestructura, está en juego la protección de comunidades vulnerables, la vivienda digna y el respeto por su identidad cultural. El resultado de este conflicto marcará cómo se gestionan los asentamientos colectivos indígenas en entornos urbanos.