El Ejecutivo reconoce que el modelo previo “no funcionó”
Lección aprendida. Así define el Gobierno el giro institucional: elevar la instancia de implementación a rango de Consejería para corregir la arquitectura que en la práctica limitó decisiones. El documento enviado a la Corte reconoce fallos de diseño y justifica la reforma como respuesta a un bloqueo institucional que frenó la agenda.
No es una operación simbólica. En 2022, la transformación de la Alta Consejería en Unidad significó pérdida de jerarquía y menor poder de convocatoria. La Corte pidió recomponer esa capacidad y dio plazos para hacerlo. La Presidencia ahora retoma el rango y alinea competencias.
El rediseño acoplará instrumentos de gobernanza: comités interministeriales, gestión por resultados, trazabilidad presupuestal y una línea de mando capaz de resolver cuellos de botella. Con ello se busca consistencia entre políticas sectoriales (tierra, infraestructura, seguridad, salud) y metas territoriales.
La apuesta atiende recomendaciones de verificación internacional y académica: recuperar una instancia con autoridad para sostener la implementación como política de Estado más allá de ciclos políticos. La coordinación con el seguimiento internacional y la sociedad civil se mantendrá.
La transparencia será central: tableros públicos, auditoría externa, participación regional y alertas tempranas. La medida pretende garantías de seguridad a firmantes y líderes y concentrar esfuerzos en corredores críticos, donde la Corte ha pedido acciones efectivas.
En términos políticos, el Gobierno asume el costo de admitir errores para corregir y acelerar. La reingeniería se leerá en el terreno por resultados: hectáreas formalizadas, proyectos productivos financiados, vías terciarias rehabilitadas y reducción de riesgos. La hoja de ruta queda supeditada a actos administrativos inmediatos y al cumplimiento de los plazos marcados por la Corte.