El presidente respondió en X; no hay confirmación oficial en EE. UU. sobre un eventual proceso
La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila afirmó en X que Estados Unidos podría abrir un proceso judicial contra el presidente Gustavo Petro, al que presentó como la aplicación de una supuesta “doctrina Trump”. La tesis, que sugiere un eventual “indictment”, reavivó las controversias por el financiamiento de la campaña de 2022 y detonó un intercambio directo con el mandatario en la red social.
El pronunciamiento ocurrió el 10 de noviembre de 2025, tras la circulación de una imagen que elevó las especulaciones en la conversación pública. Dávila cuestionó la lentitud de la justicia colombiana frente a pesquisas en curso y sostuvo que un expediente en jurisdicción estadounidense sería “inminente”. Petro replicó con un comentario personal que tensó aún más el debate y posicionó el tema entre las tendencias del día.
En sus mensajes, Dávila conectó antecedentes ya discutidos por la opinión: señalamientos sobre ingresos irregulares a la campaña, menciones al llamado “Pacto de La Picota” y audios de excolaboradores. Según su interpretación, esos elementos podrían derivar en un caso penal en EE. UU.; no obstante, autoridades de ese país no han anunciado cargos ni actuaciones formales. En Colombia, las indagaciones sobre financiación política continúan en diferentes despachos y bajo reserva.
Juristas consultados por distintos medios recuerdan que la jurisdicción penal estadounidense puede activarse cuando existen componentes transnacionales —transferencias en dólares, uso del sistema bancario de EE. UU. o actores sancionados—, pero subrayan que cualquier caso exige evidencia documentada y decisiones de autoridades competentes. Hasta ahora, el tema permanece en el terreno de las declaraciones y la controversia política.
El episodio también tiene lectura diplomática: un eventual avance judicial contra un jefe de Estado en ejercicio sería excepcional y políticamente sensible, y requeriría cooperación institucional entre Washington y Bogotá. En tanto no haya actos procesales públicos, organizaciones de verificación recomiendan distinguir hipótesis de hechos confirmados y seguir a la espera de pronunciamientos oficiales que aclaren el panorama.