Del papel a la polémica en construcción
Era un martes ordinario cuando el Decreto 1166 llegó a las oficinas del sector constructor colombiano. Fechado el 4 de noviembre de 2025, el documento de apenas unas páginas contenía una decisión que reverberaría por todo el país: las licencias de construcción, ese requisito que durante décadas había sido piedra angular del sector, simplemente desaparecerían para ciertos proyectos de vivienda social.
En las curadurías urbanas, en las oficinas de Camacol, en los despachos municipales y en las mesas de arquitectos e ingenieros, la noticia cayó como bomba. Algunos la celebraron como liberación de trámites innecesarios. Otros la vieron como el desmantelamiento de garantías fundamentales. Pocos permanecieron indiferentes.
Sandra Forero, concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol, fue una de las primeras en alzar la voz. Su reacción no se hizo esperar: “Es un retroceso institucional”, declaró con la contundencia de quien conoce el sector desde dentro. Sus palabras iniciarían un debate que aún no termina.
La historia del decreto comienza meses atrás, en las reuniones del Ministerio de Vivienda donde se discutía un problema evidente: de 400.000 mejoramientos de vivienda prometidos, apenas se habían entregado 50.000. Los trámites burocráticos aparecían como culpables principales. Alguien propuso entonces lo impensable: ¿y si elimináramos las licencias?
La idea ganó terreno en pasillos ministeriales. Funcionarios argumentaban que en municipios pequeños, conseguir una licencia podía tomar meses. Familias rurales debían viajar horas para hacer trámites. El proceso, diseñado para ciudades grandes, colapsaba en territorios con poca capacidad institucional. La lógica parecía impecable: menos burocracia, más viviendas mejoradas.
Pero en el camino algo fundamental se perdió de vista. La licencia de construcción no nació como obstáculo sino como protección. Después de cada tragedia constructiva, de cada colapso, de cada deslizamiento, las normas se habían endurecido. Cada requisito tenía detrás historias de vidas perdidas por construcciones deficientes. La memoria institucional parecía haberse borrado.
Cuando el decreto salió a luz pública, las reacciones se multiplicaron como onda expansiva. En zonas sísmicas, geólogos y estructuralistas advirtieron sobre riesgos evidentes. En gremios de construcción, profesionales señalaron que la carta de responsabilidad no equivalía a una revisión institucional. En municipios pequeños, alcaldes confesaron no tener personal para verificar las certificaciones.
La narrativa oficial enfatizaba lo positivo: 12,5 billones de pesos movilizándose más rápido, familias accediendo sin demoras a subsidios, comunidades rurales beneficiándose sin viajes costosos. El Gobierno pintaba un escenario de eficiencia triunfante sobre burocracia entorpecedora. Era una historia atractiva, casi irresistible.
Pero había otra narrativa emergiendo. Familias consultadas confesaban su dilema: querían sus viviendas mejoradas pero temían que estructuras sin verificación rigurosa colapsaran. Arquitectos relataban presiones para firmar cartas de responsabilidad sin estudios adecuados. Ingenieros advertían que en seis meses no habría tiempo para capacitar decentemente a profesionales.
El decreto entró en vigencia inmediata, antes de que existiera el programa de capacitación prometido. Fue como lanzar un avión antes de entrenar a los pilotos. Las obras comenzaron, las cartas de responsabilidad se firmaron, el dinero fluyó. Todo parecía funcionar, al menos en superficie. Pero bajo esa apariencia de eficiencia, surgían preguntas inquietantes.
Hoy, semanas después de su expedición, el Decreto 1166 sigue siendo historia en construcción. No hay respuestas definitivas aún sobre si la apuesta funcionará o fracasará. Lo que sí existe es una sensación incómoda en el sector: la de haber cambiado velocidad por precaución, de haber apostado a que nada saldrá mal.
La verdadera prueba llegará con el tiempo. Cuando las viviendas mejoradas enfrenten lluvias intensas, sismos o el simple paso de los años. Entonces sabremos si este decreto fue innovación valiente o imprudencia costosa. Por ahora, Colombia construye bajo una nueva normalidad donde las certezas institucionales cedieron espacio a la confianza en la autogestión. Y todos, autoridades y ciudadanos, cruzamos los dedos esperando que esa confianza no haya sido mal depositada.