Las autoridades verifican cámaras, identifican agresores y advierten contra la justicia por mano propia
Las primeras imágenes dan cuenta de la camioneta realizando maniobras erráticas y peligrosas, golpeando motos y al parecer evadiendo la autoridad. Las grabaciones muestran que el accidente inicial pudo ser el detonante de la furia colectiva.
La persecución comenzó cuando cinco o diez motocicletas se lanzaron detrás del vehículo; poco después el número creció sustancialmente. En el momento de la captura, se ve a moteros bajándose de sus motos, rompiendo cristales, subiendo al capó y arrastrando al conductor.
Un testigo presencial relató que no hubo mediación ni moderación: “Fue brutal, parecía que querían matarlo”. Esa característica distingue el episodio de un forcejeo a una agresión colectiva que se prolongó minutos antes de la llegada de la Policía.
El conductor fue trasladado a la Clínica de Occidente, pero los politraumatismos le provocaron la muerte. La camioneta quedó irreconocible, testimonio material de la violencia que se desató. La Policía inició la recolección de placas, cámaras y testigos para sancionar tanto el atropello como la agresión.
Desde el distrito se hizo énfasis en que este tipo de reacciones populares no pueden sustituir el sistema de justicia. Advirtieron que la ciudadanía debe confiar en la acción institucional, no en la venganza directa. Pero la pregunta es: ¿qué tan presente está la autoridad cuando los hechos se desencadenan?
En Kennedy, localidad con altos niveles de informalidad de tránsito, este episodio podría tensar aún más la relación entre conductores, motociclistas y comunidades. Lo ocurrido sirve como alerta para políticas integradas de movilidad, convivencia y tolerancia en el espacio público.
Así, la muerte del conductor y la violencia que la precedió no se reducen a un hecho aislado: es un reflejo de las grietas en la gestión urbana, en la cultura vial y en la capacidad de las autoridades para actuar antes de que la furia colectiva se torne irreversible.
El linchamiento de un conductor tras un atropello en Kennedy es un llamado urgente a revisar cómo Bogotá enfrenta los desafíos de movilidad, justicia y convivencia. Cuando la autoridad parece ausente, el ciudadano puede convertirse en juez, fiscal y verdugo. También es una advertencia: la vía pública no puede convertirse en escenario de castigo sin leyes, sin procesos. Para asegurar la convivencia en la capital, se requiere una respuesta institucional eficaz, prevención vial y un pacto social que no derogue el Estado de Derecho.