El rostro humano de la informalidad laboral
Para más de once millones de colombianos, cada día laboral transcurre sin la certeza de una pensión futura, sin acceso garantizado a servicios de salud y sin la protección de la ley laboral. Son el 55% de los trabajadores del país, aquellos que las estadísticas del DANE clasifican como informales, pero que en realidad son personas con nombres, familias y sueños que enfrentan la precariedad como una condición permanente de vida.
Detrás del descenso de 0,8 puntos porcentuales en la informalidad, celebrado por las autoridades económicas, hay millones de trabajadores que aún esperan su turno para ingresar al mercado formal. La reducción estadística es real y significativa, pero insuficiente para quienes cada mañana salen a rebuscarse el sustento sin un contrato, sin prestaciones y sin la tranquilidad de saber que, si se enferman o envejecen, habrá una red de protección esperándolos.
Las cifras frías del DANE esconden realidades humanas complejas que merecen ser contadas, entendidas y atendidas desde la política pública, pero también desde la solidaridad social y la construcción colectiva de un país más justo.
En las zonas rurales de Colombia, donde la informalidad alcanza el 83,4%, la precariedad laboral no es una estadística sino una experiencia cotidiana. Los jornaleros agrícolas que trabajan de sol a sol por menos del salario mínimo, sin contrato ni prestaciones, representan el rostro más visible de esta realidad. Para ellos, conceptos como vacaciones pagas, prima de servicios o cesantías son ajenos, casi abstractos. Su única certeza es la cosecha del día y la esperanza de que mañana habrá trabajo.
En ciudades como Sincelejo, donde siete de cada diez trabajadores están en la informalidad, las calles se llenan cada día de vendedores ambulantes, mototaxistas y pequeños comerciantes que operan en la economía del rebusque. Son personas que se levantan antes del amanecer para ganar apenas lo necesario para sostener a sus familias. No tienen la opción de enfermarse porque no hay quien los reemplace ni un salario que llegue igual todos los meses.
La brecha de género en la informalidad, aunque menor de lo esperado, también tiene implicaciones humanas profundas. Los hombres, con un 57,4% de informalidad, están concentrados en sectores como la construcción, el transporte informal y la agricultura, trabajos físicamente demandantes donde la edad y las lesiones pueden significar el fin de la capacidad de generar ingresos. Sin un sistema de pensiones, estos trabajadores enfrentan la vejez con incertidumbre y, frecuentemente, con pobreza.
Las mujeres trabajadoras informales, aunque en menor proporción (51,6%), enfrentan desafíos particulares. Muchas de ellas combinan el trabajo remunerado con las responsabilidades del hogar y el cuidado de niños y adultos mayores. La ausencia de seguridad social significa que cualquier emergencia médica familiar puede convertirse en una catástrofe financiera. Para ellas, la informalidad no es solo precariedad laboral, sino una multiplicación de vulnerabilidades.
En las microempresas, donde el 84,7% de los trabajadores son informales, la realidad es compleja para ambas partes. Los propietarios de estos pequeños negocios —tiendas de barrio, talleres, peluquerías, restaurantes familiares— muchas veces operan en márgenes tan estrechos que apenas pueden pagar los costos operativos. Formalizar a sus empleados implicaría asumir cargas que podrían llevar el negocio a la quiebra. Es una trampa en la que todos pierden: el empleador que quisiera hacer las cosas bien pero no puede, y el empleado que necesita el trabajo pero sin protección.
Los trabajadores de estas microempresas viven en una incertidumbre permanente. Juan, mecánico de un pequeño taller en Montería, representa a millones: tiene experiencia, habilidades y una ética de trabajo inquebrantable, pero su salud depende del sistema subsidiado, su futuro pensional es incierto y su estabilidad laboral está sujeta a las fluctuaciones de una economía informal donde los clientes pagan cuando pueden. Su historia se repite en cada barrio, en cada municipio, en cada rincón del país donde la formalidad es un privilegio, no un derecho.
La esperanza radica en los 4,2 puntos porcentuales de reducción acumulada desde 2021. Detrás de ese número hay miles de personas que lograron acceder a un trabajo formal, con todas las protecciones que eso implica. Son personas que ahora pueden ir al médico sin preocuparse por el costo, que están construyendo un futuro pensional, que tienen contratos que los protegen. Cada punto porcentual de reducción representa vidas mejoradas, familias con mayor seguridad y trabajadores con dignidad recuperada.
Los números del DANE son fundamentales para entender la magnitud del desafío, pero no deben hacernos olvidar que detrás de cada porcentaje hay personas reales con aspiraciones legítimas de vivir con dignidad. El descenso de la informalidad es una buena noticia que debe celebrarse, pero también un recordatorio de que más de once millones de colombianos aún esperan su oportunidad de integrarse plenamente al mercado laboral formal.
El camino hacia la formalización completa será largo y requerirá esfuerzos sostenidos de múltiples actores: el Estado, el sector empresarial y la sociedad en su conjunto. Pero vale la pena recorrerlo, porque en juego está no solo la eficiencia económica o el cumplimiento de indicadores, sino la vida digna de millones de trabajadores que, día a día, construyen el país con su esfuerzo, mereciendo a cambio la protección y el reconocimiento que solo el trabajo formal puede ofrecer.