Denuncia nace de presión de víctimas y veedurías
La Red de Veedurías, que agrupa a ciudadanos que desde hace años siguen de cerca los grandes casos de corrupción, fue quien decidió llevar esas inquietudes a la Comisión de Acusación. En su denuncia no sólo pidió revisar si hubo fallas en los tiempos y decisiones de la Fiscalía frente a González, sino que mencionó posibles delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento. Para muchos de los afectados por el escándalo UNGRD, este paso fue una forma de decir que la historia no podía cerrarse con un protagonista clave viviendo en otro país.
En los territorios donde la UNGRD debía responder con carrotanques, obras y ayudas, las investigaciones por corrupción dejaron una sensación de abandono. Organizaciones de transparencia han documentado cómo parte de los recursos destinados a atender emergencias terminaron en contratos cuestionados, sobrecostos y redes de favores políticos. Al mismo tiempo, algunos de los responsables han empezado a responder ante la justicia, mientras otros, como González, han salido del país en medio de las pesquisas. Esa combinación alimenta la percepción de que las decisiones no han sido iguales para todos.
La orden de la Comisión de Acusación de pedirle a la fiscal Camargo un informe en diez días fue interpretada por varios sectores como una señal de que la voz de las víctimas y veedurías fue escuchada. La representante investigadora, María Eugenia Lopera, reiteró oficialmente que las actuaciones de la Fiscalía en este caso deberán quedar por escrito y ser valoradas como prueba, algo que muchos ciudadanos consideran un mínimo de transparencia frente a un proceso que ha tocado a la cúpula del poder político.
Por otro lado, quienes defienden a Camargo señalan que la fiscal general llegó al cargo con un historial de lucha contra la corrupción y violaciones de derechos humanos, y que la investigación de la Comisión no equivale a un juicio ni a una condena. Recuerdan que el caso UNGRD ha tenido avances importantes, con imputaciones y acuerdos con exdirectivos, y que la complejidad de la trama explica parte de los tiempos. Para ellos, es clave que el debate no se convierta en una cacería política que debilite la institucionalidad.
Mientras el expediente se mueve en Bogotá, en regiones golpeadas por las fallas de la UNGRD, como La Guajira y otras zonas afectadas por emergencias, persiste la sensación de que los grandes nombres siguen lejos de responder. Los informes de organizaciones civiles han mostrado cómo la corrupción en la entidad significó menos agua, menos ayudas y menos capacidad de respuesta frente a desastres. Por eso, la fuga de un exdirector del Dapre vinculado al caso se percibe como un golpe adicional a la confianza en las instituciones.
En este contexto, la Comisión de Acusación se convierte en un escenario donde se cruzan expectativas y temores. De un lado, veedurías y ciudadanos que esperan que se esclarezca si hubo o no omisiones de alto nivel; del otro, quienes advierten que un uso excesivo del control político puede presionar indebidamente a la Fiscalía. La tarea de los representantes será avanzar con prudencia, escuchando a todas las partes y cuidando que el mensaje final sea de fortalecimiento institucional, no de desgaste.
En últimas, la historia que hoy se escribe en la Comisión no se limita a nombres y cargos. Para las familias que vieron cómo un contrato fallido significó menos acceso al agua o un apoyo que nunca llegó, la pregunta es si esta investigación servirá para que se asuman responsabilidades o si terminará siendo un capítulo más en una larga lista de escándalos sin consecuencias. El informe que entregue la fiscal Camargo y las decisiones que tome la Cámara ayudarán a definir esa respuesta.
La investigación preliminar contra la fiscal Luz Adriana Camargo por la fuga de Carlos Ramón González y el caso UNGRD no solo es un trámite jurídico: para víctimas, veedurías y comunidades afectadas por la corrupción en la gestión del riesgo, se trata de una oportunidad para recuperar confianza en la justicia. Que la Comisión de Acusación avance con rigor y transparencia, y que la Fiscalía explique con detalle sus decisiones, será fundamental para que los ciudadanos perciban que, esta vez, la lucha contra la impunidad también alcanza a quienes tomaron decisiones desde las más altas esferas del poder.