Debate político contrasta con urgencias en hospitales
Mientras Álvaro Uribe y Gustavo Petro intercambian propuestas y críticas sobre el sistema de salud, millones de colombianos continúan enfrentando una realidad cotidiana marcada por negaciones de servicios, largas esperas y hospitales en crisis financiera. El debate político de alto nivel contrasta dramáticamente con las experiencias de pacientes que luchan diariamente por acceder a tratamientos básicos, autorizaciones de medicamentos o citas con especialistas.
Detrás de cada estadística sobre deudas hospitalarias y crisis de las EPS hay historias humanas: enfermos crónicos que interrumpen tratamientos porque sus medicamentos no son autorizados, personas con cáncer que esperan meses por quimioterapias, familias que se endeudan para pagar procedimientos que deberían estar cubiertos. La discusión sobre modelos económicos puede parecer abstracta para quien enfrenta una emergencia médica sin respuesta adecuada del sistema.
La pregunta que se hacen ciudadanos comunes es simple pero profunda: ¿cuándo dejarán las disputas ideológicas de posponer soluciones concretas que mejoren la atención que reciben en consultorios y hospitales? La respuesta parece cada vez más lejana mientras el debate se intensifica en redes sociales y declaraciones públicas.
Para María Rodríguez, madre de un niño con leucemia en Bogotá, las propuestas de certificación de calidad o contratos de estabilidad suenan ajenas a su realidad inmediata. Ella lleva tres meses esperando autorización para un medicamento oncológico que su hijo necesita urgentemente. Cada semana llama a la EPS, cada semana recibe la misma respuesta: el trámite está en proceso. Mientras tanto, el tiempo corre y el tratamiento de su hijo se atrasa peligrosamente.
Historias como la de María se repiten en todo el país. En hospitales públicos de ciudades intermedias, médicos atienden el doble de pacientes que su capacidad permite, con recursos limitados y equipos obsoletos. Enfermeras trabajan turnos extenuantes sin los insumos básicos necesarios. Los profesionales de la salud se debaten entre su vocación de servir y la frustración de un sistema que no les permite ejercer adecuadamente su profesión.
Los hospitales pequeños en municipios apartados enfrentan situaciones aún más dramáticas. Algunas instituciones llevan años sin recibir pagos completos por los servicios prestados a pacientes del régimen subsidiado. Directores de hospitales hacen malabares financieros para mantener puertas abiertas, postergando mantenimiento de infraestructura, negociando con proveedores y, en casos extremos, retrasando salarios. Los pacientes en estas regiones tienen opciones aún más limitadas: o esperan en condiciones precarias o intentan viajar a ciudades grandes, asumiendo costos que muchas familias no pueden pagar.
Adultos mayores representan uno de los grupos más vulnerables en esta crisis. Pensionados que aportaron toda su vida laboral al sistema encuentran que en su momento de mayor necesidad, cuando las enfermedades crónicas requieren atención constante, el acceso a servicios es un vía crucis burocrático. Autorizaciones para terapias de rehabilitación, citas con especialistas en geriatría, medicamentos de control: cada gestión implica horas de filas, llamadas interminables y documentos que muchos no comprenden completamente.
La salud mental, aunque menos visible en el debate público, sufre igual abandono. Pacientes con depresión, ansiedad o trastornos más severos enfrentan barreras adicionales. El estigma social se suma a la dificultad de acceso: pocas EPS cuentan con redes robustas de profesionales en salud mental, las citas pueden tardar meses y muchos tratamientos no son cubiertos adecuadamente. En un país con altos índices de suicidio y violencia, la desatención en salud mental representa una bomba de tiempo social.
Las comunidades rurales e indígenas experimentan la crisis de manera particularmente aguda. La distancia geográfica se combina con barreras culturales y lingüísticas. Un campesino en zona de montaña puede tardar día y medio en llegar al hospital más cercano. Las comunidades indígenas luchan porque el sistema reconozca sus medicinas tradicionales mientras garantiza acceso a medicina occidental cuando es necesaria. Para estas poblaciones, el debate sobre modelos de aseguramiento puede parecer casi irrelevante cuando la necesidad más básica es tener un puesto de salud funcionando en su territorio.
Los trabajadores independientes y quienes laboran en economía informal enfrentan sus propios desafíos. Muchos no pueden costear cotizaciones regulares al régimen contributivo pero ganan demasiado para el subsidiado. Quedan en un limbo administrativo donde el acceso a salud es precario. Una enfermedad seria puede significar no solo sufrimiento físico sino bancarrota económica familiar, perpetuando ciclos de pobreza que el sistema de salud debería ayudar a romper.
Mientras políticos debaten sobre quién tiene la razón, los colombianos simplemente quieren ser atendidos cuando están enfermos. No les importa si quien administra los recursos es una EPS certificada con beneficios tributarios o una entidad estatal: quieren médicos, medicamentos y tratamientos oportunos. Las familias que velan enfermos en hospitales saturados no necesitan discursos ideológicos, necesitan soluciones concretas.
El verdadero éxito de cualquier reforma al sistema de salud se medirá no en debates de twitter ni en propuestas legislativas, sino en las vidas salvadas, los tratamientos exitosos y las familias que no se arruinan financieramente por enfermarse. Ese debe ser el norte de cualquier política pública: el bienestar real de seres humanos concretos, no la coherencia ideológica de modelos abstractos.