Menores reclutados entre las víctimas del operativo
Detrás de las cifras y los debates políticos sobre el bombardeo en Guaviare se esconden rostros y vidas humanas. Veinte soldados jóvenes enfrentaban la posibilidad de ser emboscados por una fuerza superior. En el otro lado, 150 combatientes avanzaban por la selva, muchos de ellos también jóvenes, algunos posiblemente reclutados a la fuerza. Entre las víctimas finales se confirmó la presencia de varios menores de edad.
El presidente Gustavo Petro enfrentó una decisión que ningún líder desea tomar: elegir entre dos grupos de vidas colombianas. Los soldados, cumpliendo su deber constitucional en condiciones difíciles, representaban una responsabilidad directa del Estado. Los combatientes, aunque fuera de la ley, eran también ciudadanos, y entre ellos había adolescentes cuyas opciones de vida se habían visto dramáticamente limitadas por el contexto de violencia rural.
Las familias de ambos lados del conflicto comparten un dolor común: la pérdida de seres queridos en un ciclo de violencia que parece no tener fin. Madres que esperan el regreso de hijos soldados y madres que lloran a adolescentes reclutados por la guerrilla enfrentan tragedias comparables, aunque enmarcadas en realidades distintas.
Los veinte soldados del pelotón en Guaviare representan historias individuales de jóvenes que eligieron o necesitaron unirse al Ejército. Muchos provienen de zonas rurales o urbanas pobres, donde las opciones laborales son limitadas. El servicio militar ofrece un salario, formación y la posibilidad de contribuir a la seguridad del país. Pero también los coloca en situaciones de riesgo extremo, como la que enfrentaban aquella madrugada en la selva.
La decisión del presidente de bombardear antes que los combatientes llegaran a su objetivo buscaba preservar estas veinte vidas. “Perderíamos 20 jóvenes al servicio del Estado y la sociedad”, escribió Petro, evidenciando la responsabilidad que sentía hacia quienes representan al Estado. Para los familiares de estos soldados, la orden presidencial significó la diferencia entre recibir una noticia de combate superado o una visita con noticia de muerte.
Entre los 19 fallecidos en el bombardeo había al menos seis menores de edad, según confirmó posteriormente la Defensoría del Pueblo. Estos adolescentes, identificados como víctimas de reclutamiento forzado, representan una de las caras más dolorosas del conflicto colombiano. Muchos fueron captados en sus comunidades bajo amenazas o promesas falsas, alejados de sus familias y educación, convertidos en combatientes antes de terminar su infancia.
El reclutamiento de menores por grupos armados ilegales es una violación sistemática que destruye trayectorias de vida. Adolescentes que deberían estar en escuelas terminan empuñando armas en la selva, sometidos a disciplina militar irregular, expuestos a combates y bombardeos. Sus familias, frecuentemente campesinas pobres, carecen de medios para protegerlos o recuperarlos una vez son reclutados.
La congresista Cathy Juvinao expresó indignación ante la muerte de menores en el bombardeo. Su crítica refleja un sentimiento ampliamente compartido: la intolerabilidad de que niños mueran en operaciones militares, independientemente de las circunstancias tácticas. Cada menor fallecido representa un fracaso colectivo de la sociedad colombiana para garantizar derechos básicos de protección a su infancia y adolescencia.
El presidente respondió reconociendo lo lamentable de estas muertes, pero argumentando que no tenía alternativa para proteger a los soldados. Este dilema moral no tiene respuestas fáciles. La presencia de menores entre los combatientes de grupos armados ilegales coloca a los comandantes militares y al jefe de Estado ante decisiones imposibles: atacar sabiendo que puede haber menores, o no atacar y exponer a las propias tropas a riesgo grave.
Las familias de los combatientes fallecidos también lloran sus pérdidas. Aunque sus hijos estaban fuera de la ley, seguían siendo sus hijos. Muchas de estas familias son campesinas de zonas donde el Estado ha tenido históricamente presencia débil, donde grupos armados ilegales ejercen control territorial y social. Para estas comunidades, el conflicto no es una abstracción política sino una realidad cotidiana que les arrebata hijos, hermanos, padres.
El bombardeo en Guaviare deja cicatrices profundas en decenas de familias colombianas. Más allá de los debates políticos sobre responsabilidades y estrategias, persisten los hogares vacíos, las madres que ya no verán regresar a sus hijos, los hermanos menores que crecerán con ausencias. El conflicto armado, pese a todos los procesos de paz intentados, sigue cobrando vidas jóvenes.
La tragedia humana de este caso refleja la urgencia de encontrar caminos efectivos para terminar el conflicto y, especialmente, para proteger a menores del reclutamiento forzado. Mientras persistan las condiciones que permiten a grupos armados ilegales captar adolescentes, y mientras el Estado no logre presencia efectiva y protectora en todos los territorios, se seguirán repitiendo tragedias como la de Guaviare, donde vidas jóvenes de ambos lados se pierden en una guerra que nunca debió ser suya.