Cabecillas presos por homicidio y narcotráfico fueron trasladados desde Itagüí para asistir al acto
El acto de Paz Urbana en La Alpujarra fue concebido por el Gobierno nacional como un hito en su estrategia para reducir la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá. En la visión del Ejecutivo, traer a la plaza pública a cabecillas de estructuras criminales que avanzan en un proceso de diálogo con el Estado era una forma de mostrar compromisos de desescalamiento y abrir la puerta a un eventual sometimiento a la justicia. Esa imagen, sin embargo, terminó convertida en el eje de una tormenta política y jurídica que hoy tiene al presidente bajo investigación.
Durante el evento, los cabecillas, muchos de ellos condenados por homicidios, narcotráfico y otros delitos de alto impacto, subieron a la tarima con gorras y distintivos de Paz Urbana. Estuvieron a pocos metros del presidente y de otras autoridades, y pronunciaron mensajes que, según el Gobierno, apuntaban a respaldar la reducción de la violencia. Para sectores críticos, sin embargo, la escena se pareció más a una apología del delito que a un acto de reconciliación genuina.
Organizaciones de víctimas y analistas de seguridad han advertido que el reto central de cualquier política de paz urbana consiste en equilibrar la necesidad de diálogo con la exigencia de justicia. En este caso, la presencia pública de jefes de bandas, sin que medien aún sentencias de sometimiento, planes claros de reparación o mecanismos de participación de las víctimas, generó dudas sobre si la balanza se inclinó demasiado hacia la legitimación simbólica de los criminales.
El Gobierno ha respondido que la estrategia de Paz Urbana se apoya en mesas de trabajo, compromisos de no repetición y verificación en terreno, y que el acto de La Alpujarra fue solo un hito comunicacional dentro de un proceso más amplio. Según esta versión, sin el concurso —al menos temporal— de quienes controlan economías ilegales y redes armadas, reducir homicidios, extorsiones y desplazamientos intraurbanos sería mucho más difícil.
La apertura de la investigación previa en la Comisión de Acusación obliga ahora a revisar si la puesta en escena de la Paz Urbana respetó los límites jurídicos y éticos que debe observar la Presidencia. El papel del Inpec, del Ministerio de Justicia y de la propia Casa de Nariño en la autorización de la salida de los reclusos desde la cárcel de Itagüí será analizado a fondo, así como el mensaje que se transmitió al país cuando se transmitió el acto por canales públicos.
Especialistas en políticas de seguridad urbana señalan que lo ocurrido en Medellín podría convertirse en caso de estudio para futuros gobiernos. Una línea de análisis apunta a que las negociaciones con estructuras criminales requieren marcos muy claros de transparencia, control judicial y participación de las víctimas, justamente para evitar percepciones de impunidad o de privilegios a los cabecillas. Otra advierte que, sin decisiones arriesgadas, las ciudades pueden quedar atrapadas en ciclos de violencia que los enfoques tradicionales no han logrado romper.
En este contexto, la discusión va más allá de los nombres propios y se adentra en el corazón de la política de paz urbana: ¿hasta dónde puede llegar el Estado al sentarse con líderes criminales? ¿Qué símbolos son aceptables y cuáles traspasan una línea roja para la legitimidad institucional? Las respuestas que se den en el caso del “tarimazo” influirán no solo en el desenlace del expediente contra Petro, sino también en la forma como Medellín y otras ciudades piensan sus estrategias frente al crimen organizado.
El debate sobre la Paz Urbana de Petro en Medellín y la investigación por el “tarimazo” en La Alpujarra se ha convertido en un laboratorio de discusión sobre negociaciones urbanas con estructuras criminales. Mientras la Comisión de Acusación revisa si el acto respetó los límites institucionales, expertos, víctimas y ciudadanos discuten qué tipo de gestos son admisibles en nombre de la paz. El desenlace del caso marcará un precedente clave para futuras políticas de seguridad y negociación en Medellín, Antioquia y otras ciudades del país.