La pareja capturada permanece bajo medidas de aseguramiento mientras la Fiscalía avanza en las audiencias
En medio del revuelo causado por la captura de Julia Maydankina y Hugo Ernesto Romero en una mansión de Llanogrande, la voz de la defensa ha buscado equilibrar el relato que se instaló en la opinión pública. El abogado penalista Carlos Cárdenas, apoderado de Romero, sostiene que el caso que originó el operativo del Gaula responde a un conflicto de naturaleza comercial y que, en su criterio, fue injustamente elevado al terreno de la extorsión y de los delitos informáticos. A su juicio, hay una lectura equivocada de las relaciones entre su cliente, la empresa El Arrozal y los hechos que rodearon el asesinato del auditor Roberto Franco Charry.
Cárdenas ha sido enfático en que existen “dos asuntos diferentes”. De un lado, el proceso mercantil de El Arrozal, matriz de Supermercados Líder, donde se han ventilado disputas entre herederos y decisiones sobre la composición accionaria. De otro lado, el expediente que llevó a la captura en Llanogrande, en el que se investiga una presunta red de extorsión digital, acceso abusivo a sistemas de información y uso indebido de datos privilegiados para presionar a empresarios. Mezclar ambos escenarios, dice el abogado, puede conducir a conclusiones apresuradas.
Sobre la vinculación de Romero con El Arrozal, el defensor explica que su presencia en los documentos se debe a que es heredero del patriarca de la compañía y que, como otros miembros de la familia, aparece en las listas societarias. Afirma que en 2022 se vendió la participación que tenía su cliente y que la actualización de los registros no se ha reflejado por completo, lo que habría alimentado interpretaciones erradas cuando la Fiscalía revisó los papeles de la empresa en las audiencias recientes.
En cuanto a la medida de aseguramiento, la defensa relativiza la expresión “intramural” que aparece en los documentos judiciales. Cárdenas asegura que, más que una condena anticipada, se trata de una medida de protección para que el proceso pueda avanzar sin interferencias y para garantizar la comparecencia de su cliente. Sobre Maydankina, recuerda que fue cobijada con detención domiciliaria, lo que, a su modo de ver, indica que el propio sistema reconoce que la situación aún debe ser aclarada con pruebas y argumentos.
Respecto de la supuesta red Red-Dot, el abogado cuestiona que un conflicto que, según él, gira alrededor de acreencias mercantiles y acuerdos contractuales se haya traducido en un operativo de alto impacto en una de las zonas residenciales más exclusivas del Oriente antioqueño. Asegura que la pareja está dispuesta a demostrar que las relaciones con empresarios y plataformas digitales se dieron dentro de parámetros legales, y que nunca existió un componente de amenazas o chantaje para obligar a alguien a pagar.
Sobre el nexo con el asesinato de Roberto Franco Charry, Cárdenas recuerda que Romero fue cercano al auditor y que incluso lo acompañó a la Clínica del Country tras el ataque, lo que lo convirtió en uno de los primeros testigos escuchados por la Fiscalía. Insiste en que eso no lo convierte en responsable ni en beneficiario del crimen y alerta sobre el riesgo de que el señalamiento público termine generando una “condena mediática” que dificulte la labor de los jueces.
En este escenario, el reto para la defensa será desmontar la narrativa de la supuesta red de extorsión y reposicionar el caso en el plano de los conflictos comerciales, mientras la Fiscalía busca lo contrario: probar que las operaciones desde Llanogrande sí configuraron un esquema criminal complejo, con víctimas, pérdidas económicas y uso de tecnología para intimidar. La decisión final quedará en manos de los jueces, que deberán valorar no solo la sofisticación de las herramientas digitales, sino también el contexto empresarial y familiar que rodea a los procesados.
La estrategia de defensa en el proceso contra Hugo Ernesto Romero y Julia Maydankina apunta a separar la captura en Llanogrande, Antioquia, de la disputa hereditaria en El Arrozal y del asesinato de Roberto Franco Charry en la zona rosa de Bogotá. Mientras la Fiscalía insiste en la existencia de una red de extorsión digital, el abogado de la pareja habla de errores de interpretación y de un caso que debería tratarse como conflicto comercial. El desenlace de este pulso jurídico será clave para entender hasta dónde llega la responsabilidad penal de los capturados y qué impacto tendrá el expediente en futuros procesos sobre cibercrimen y empresas familiares en Colombia.