Tensión militar aumenta temor en población civil
Para millones de venezolanos, el anuncio de Estados Unidos de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera representa mucho más que una maniobra diplomática. Es una noticia que profundiza la incertidumbre sobre el futuro inmediato de un país que ya enfrenta una crisis humanitaria prolongada. En hogares de Caracas, Maracaibo y poblaciones fronterizas, familias se preguntan qué significará esta escalada para su seguridad y bienestar.
La llegada del portaaviones estadounidense más grande del mundo al Caribe ha generado conversaciones tensas en mercados, plazas y comedores familiares. Madres y padres venezolanos, que han vivido años de crisis económica y escasez, ahora enfrentan el temor adicional de un posible conflicto armado. Muchos recuerdan las experiencias de países vecinos donde intervenciones militares, independientemente de sus intenciones declaradas, dejaron secuelas duraderas en poblaciones civiles.
María Rodríguez, una profesora de escuela en Caracas que prefiere usar un seudónimo por seguridad, expresa un sentimiento compartido por muchos: “Ya hemos perdido tanto. Nuestros ahorros no valen nada, muchos de nuestros hijos han emigrado, y ahora existe la posibilidad de que haya violencia adicional. No importa quién tenga razón en esta disputa, siempre son las familias comunes las que más sufren”.
En los barrios populares de Venezuela, donde la presencia de grupos criminales es una realidad cotidiana, las noticias sobre designaciones terroristas y despliegues militares se reciben con una mezcla de cinismo y resignación. Residentes de estas comunidades han aprendido a navegar entre múltiples actores armados, y la perspectiva de que tensiones internacionales se traduzcan en operaciones militares en su territorio genera ansiedad palpable.
Carlos Méndez, un comerciante de Maracaibo, comparte su perspectiva: “Nosotros vivimos en medio de todo esto. Vemos pasar cosas que no podemos comentar públicamente. Lo que más nos preocupa es que cuando los gobiernos pelean, las balas no distinguen entre culpables e inocentes. Mis hijos van a la escuela todos los días, y ahora me pregunto si será seguro mañana”.
Para la diáspora venezolana, estimada en más de siete millones de personas que han emigrado en años recientes, las noticias generan sentimientos contradictorios. Muchos dejaron Venezuela huyendo de la inseguridad y la crisis económica, y aunque critican al gobierno de Maduro, temen por familiares que permanecen en el país. En comunidades venezolanas de Bogotá, Lima, Miami y Madrid, las conversaciones giran en torno a cómo proteger a seres queridos de consecuencias no intencionadas de esta escalada.
Ana Suárez, una enfermera venezolana que vive en Colombia desde hace tres años, mantiene contacto diario con su madre anciana en Valencia. “Mi madre tiene 75 años y problemas de salud. No puede irse. Cuando escucho sobre portaaviones y posibles ataques, lo único que pienso es en ella. ¿Qué pasará con los hospitales si hay algún tipo de acción militar? Ya son precarios sin un conflicto adicional”, comenta con voz quebrada.
En poblaciones fronterizas entre Venezuela y Colombia, donde comunidades tienen vínculos familiares y comerciales que trascienden límites nacionales, la preocupación es aún mayor. Estas áreas ya han sufrido la presencia de grupos armados irregulares y actividades de narcotráfico. Residentes temen que una escalada militar convierta sus comunidades en zonas de conflicto activo.
Pedro Acosta, un agricultor de la región fronteriza, describe su realidad: “Aquí tenemos familia en ambos lados. Mi hermana vive en Colombia, yo en Venezuela. Cuando hay tensión entre países, nosotros quedamos en medio. No podemos movernos libremente, el comercio se paraliza, y los grupos armados se ponen más agresivos porque saben que las autoridades están distraídas con otras cosas”.
Organizaciones humanitarias que operan en Venezuela han expresado preocupación por cómo una escalada militar afectaría sus operaciones. Trabajadores de salud, distribuidores de alimentos y voluntarios que brindan servicios esenciales a poblaciones vulnerables señalan que cualquier deterioro de la seguridad complicaría su ya difícil labor. Para comunidades que dependen de esta asistencia, las implicaciones podrían ser devastadoras.
Más allá de consideraciones geopolíticas y debates legales sobre autoridad para acciones militares, existen rostros humanos detrás de esta crisis. Son personas que despiertan cada día intentando sobrevivir en condiciones difíciles, cuidar de sus familias y mantener esperanza en un futuro mejor. Para ellos, términos como “organización terrorista extranjera” y “designación” se traducen en preocupaciones muy concretas: ¿Podrán sus hijos ir seguros a la escuela? ¿Tendrán acceso a medicinas si la situación se deteriora? ¿Será posible mantener contacto con familiares en el exterior?
La historia ha demostrado repetidamente que, en conflictos entre gobiernos y disputas de poder, las poblaciones civiles pagan el precio más alto. Mientras diplomáticos y líderes debaten estrategias en Washington y Caracas, millones de venezolanos viven con la incertidumbre de no saber qué traerá el próximo día. Sus voces, aunque raramente escuchadas en discusiones de alto nivel, representan el verdadero costo humano de decisiones tomadas en capitales distantes.