Empleados judiciales enfrentan inflación sin ajuste salarial
Detrás de las cifras técnicas y los análisis presupuestales hay 59.000 historias personales de trabajadores que llevan once meses esperando un ajuste salarial que les corresponde por ley. Son funcionarios judiciales de todo el país que cada mes reciben su salario sin el incremento que debería compensar el aumento del costo de vida, mientras ven cómo sus gastos familiares no dejan de crecer.
María Teresa trabaja como auxiliar en un juzgado de familia. Como miles de sus compañeros, ha tenido que ajustar el presupuesto familiar mes tras mes. El arriendo aumentó, los servicios públicos subieron, el mercado está más caro, pero su salario no refleja el ajuste anual que establece la ley. La bonificación judicial no es un lujo ni un extra: es parte del salario que permite a estas familias mantener su nivel de vida.
Los trabajadores del sector justicia no solo enfrentan la presión económica inmediata. También viven con la incertidumbre de no saber cuándo recibirán lo que se les adeuda. Mientras tanto, deben tomar decisiones difíciles: posponer compras necesarias, ajustar gastos de alimentación, reducir presupuestos de educación o salud familiar. El impacto no es solo financiero sino emocional.
Los 59.000 afectados abarcan todos los niveles del sistema judicial. Desde auxiliares de servicios generales que ganan los montos más bajos hasta directivos con mayores responsabilidades, todos comparten la misma situación: trabajar sin recibir el salario completo que establece la ley. Para quienes perciben menores ingresos, el impacto proporcional es mayor.
Carlos es técnico judicial en Medellín. Tiene dos hijos en edad escolar y su esposa trabaja en el comercio. El presupuesto familiar está calculado al centavo. El ajuste de la bonificación representa para él la diferencia entre llegar ajustado a fin de mes o tener un pequeño colchón para imprevistos. Once meses sin ese ajuste han obligado a su familia a recurrir a ahorros que tenían reservados para otras necesidades.
La inflación no espera decretos. Mientras el Gobierno tramita documentos administrativos, los precios en supermercados, tiendas y servicios continúan subiendo. Los funcionarios judiciales experimentan directamente cómo su poder adquisitivo se erosiona mes tras mes. El dinero que reciben alcanza para menos cosas que a principio de año.
En las oficinas judiciales de todo el país, la conversación recurrente es la misma: ¿cuándo pagarán el ajuste? Los sindicatos de trabajadores judiciales han elevado solicitudes al Ministerio de Hacienda. Han esperado respuestas, plazos, confirmaciones. La expedición tardía del decreto el 13 de noviembre generó esperanza, pero las semanas pasan y el pago efectivo no llega.
Para Patricia, que trabaja en la Fiscalía de Bogotá, la situación ha sido particularmente difícil. Su madre está enferma y requiere medicamentos costosos. El ajuste salarial pendiente habría aliviado la carga económica familiar. En su lugar, ha tenido que pedir préstamos a familiares para cubrir los gastos médicos urgentes. Su caso no es único: muchos funcionarios enfrentan situaciones similares.
La dimensión emocional del problema no debe subestimarse. Trabajar sin recibir el salario completo genera frustración, resentimiento y sensación de injusticia. Estos son empleados públicos que dedican su labor al funcionamiento del sistema de justicia. Ver que el propio Estado no cumple oportunamente con sus obligaciones laborales genera desmotivación y afecta el clima laboral.
El año está por terminar y muchos trabajadores judiciales planeaban usar el pago retroactivo para gastos de fin de año: regalos de navidad para sus hijos, arreglos en la casa, compra de útiles escolares para enero. La incertidumbre sobre cuándo recibirán finalmente el dinero complica estas planeaciones familiares y añade estrés a una época que debería ser de celebración.
El caso trasciende las cifras presupuestales y los análisis técnicos. Son miles de familias colombianas que experimentan directamente las consecuencias de las demoras administrativas del Estado. Cada mes que pasa sin el ajuste representa gastos que deben cubrirse con un salario insuficiente, ahorros que se agotan, planes que se posponen.
Ahora que el Decreto 1195 finalmente fue expedido, los 59.000 trabajadores judiciales y sus familias esperan que el proceso administrativo se complete pronto. Esperan que llegue el retroactivo de once meses que les permitirá ponerse al día con compromisos postergados, reponer ahorros utilizados y recuperar algo de la estabilidad económica familiar que la demora les quitó. Detrás de cada expediente judicial, hay un trabajador esperando que el Estado cumpla con su salario completo.