La Fiscalía les imputó delitos como estafa informática, concierto para delinquir y lavado de activos
El proceso contra los 14 presuntos integrantes de la red que habría estafado a víctimas en Colombia, Chile y Perú mediante inversiones ficticias en criptomonedas avanza en los despachos judiciales de Medellín. Tras las capturas, la Fiscalía presentó a los investigados ante el Juzgado 16 Penal Municipal con funciones de control de garantías, donde fueron legalizadas las aprehensiones y se dio inicio a la audiencia de imputación de cargos.
De acuerdo con el ente acusador, la estructura habría operado entre 2021 y octubre de 2025 desde un call center instalado en el sur de la ciudad, con el propósito de captar recursos mediante plataformas falsas de inversión en activos digitales. A través de llamadas telefónicas, los supuestos asesores ofrecían altas rentabilidades en criptomonedas a cambio de consignaciones iniciales en pesos o dólares, y luego utilizaban herramientas de acceso remoto para entrar a los dispositivos de las víctimas y tomar control de sus productos financieros.
En desarrollo de la audiencia, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de estafa por medios informáticos, hurto por medios informáticos y violación de datos personales en modalidad de delito masa, además de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La acusación se apoyó en interceptaciones, análisis forenses de equipos electrónicos, rastreo de transacciones y testimonios de víctimas que describieron el modus operandi del call center. Ninguno de los 14 aceptó los cargos ante el juez de control de garantías.
Uno de los puntos centrales del expediente es la presunta responsabilidad del ciudadano mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias “Daniel”, señalado de ser el articulador de la red. Según la investigación, él habría asumido la coordinación de la operación del call center y el direccionamiento de los recursos captados. Junto a él aparece José Mauricio Murcia Martínez, alias “Murcia”, como encargado de mover el dinero hacia distintas cuentas y billeteras digitales, y el abogado Daniel López Uribe, como supuesto responsable de la creación de empresas fachada para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, el juez decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a estos tres señalados cabecillas, al considerar que representaban un riesgo para la comunidad y para el correcto desarrollo del proceso. Los once restantes, que se desempeñaban como coordinadores y asesores en el call center, quedaron con medida de detención domiciliaria mientras avanza la etapa de juicio. La decisión podrá ser recurrida por las partes en los términos previstos por la ley.
En paralelo, la Fiscalía adelanta medidas de embargo y secuestro de bienes para intentar garantizar una eventual reparación a las víctimas. Se han incautado computadores, teléfonos, registros contables y otros elementos que serían clave para reconstruir la ruta del dinero, así como vehículos y propiedades que podrían haber sido adquiridos con recursos provenientes de la estafa. El reto para los investigadores será demostrar el vínculo directo entre esos activos y las conductas imputadas en un esquema que cruzó fronteras y utilizó múltiples plataformas digitales.
Mientras tanto, el ente acusador reitera el llamado a las personas que se consideren afectadas por esta red para que presenten su denuncia formal ante la línea 122 o en las sedes de la Fiscalía en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Estos testimonios pueden resultar determinantes para dimensionar el número real de víctimas, establecer la magnitud del daño económico y fortalecer la acusación ante los jueces. El proceso apenas inicia, pero ya se perfila como uno de los expedientes emblemáticos en materia de estafas con criptomonedas y delitos informáticos en la región.
Con las capturas, la imputación de cargos y las primeras medidas de aseguramiento, el caso de la red que habría estafado a través de criptomonedas desde un call center en Medellín entra en una fase clave en los estrados judiciales. La Fiscalía espera que más víctimas se sumen al proceso y que la experiencia sirva para robustecer la respuesta institucional frente a las estafas digitales, un fenómeno que preocupa en Antioquia y en todo el país por el aumento de casos y montos involucrados.