El proyecto incluye garantías para Maduro y la instalación de un gobierno de transición que convoque elecciones
La escena no ocurrió en Bogotá ni en Caracas, sino en Madrid. Allí, en medio de una agenda oficial con autoridades españolas, la canciller colombiana Rosa Villavicencio soltó la frase que marcaría la noticia del día: Colombia está dispuesta a respaldar un plan para que Nicolás Maduro deje el poder y lo entregue a un gobierno de transición. Lo dijo en entrevista, sin estridencias, casi como quien enuncia una consecuencia lógica de meses de reuniones discretas, contactos diplomáticos y presiones cruzadas entre Caracas, Washington y las capitales latinoamericanas.
El corazón de la propuesta es sencillo de explicar, pero complejo de ejecutar: Maduro podría abandonar el cargo si se le ofrecen garantías de que no terminará en prisión ni será objeto de una persecución judicial sin fin. A cambio, un gobierno de transición, integrado por figuras aceptables para diferentes sectores, se encargaría de convocar y organizar nuevas elecciones en un plazo razonable. La canciller colombiana lo describió como “una opción sana” frente a la tensión creciente en la región, marcada por amenazas militares y un despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe.
En la Casa de Nariño, la apuesta cuadra con la narrativa que el presidente Gustavo Petro ha defendido desde su llegada al poder: Colombia como mediador de conflictos, promotor de la integración y defensor de salidas políticas frente a la violencia. Petro ya había insistido, junto con el brasileño Lula da Silva, en que Venezuela necesitaba nuevas elecciones luego de unos comicios de 2024 cuestionados por fraude. Lo novedoso ahora es que Bogotá no solo pide urnas, sino que también respalda una hoja de ruta que pasa por la salida de Maduro a cambio de garantías.
Pero la historia no puede contarse sin la sombra de Washington. El gobierno de Donald Trump ha endurecido el lenguaje contra el chavismo, al que acusa de narcoterrorismo, y ha deslizado la posibilidad de atacar objetivos de supuestos carteles en Venezuela, Colombia y México. La presencia de buques y aviones estadounidenses en el Caribe ha encendido alarmas en Bogotá, donde la memoria de otras intervenciones en la región aún pesa. Para la cancillería colombiana, cualquier error de cálculo podría traducirse en una escalada con efectos imprevisibles.
Mientras tanto, en la frontera colombo–venezolana, la diplomacia se mide en pasos de caminantes. Ocho millones de venezolanos han abandonado su país en la última década y cerca de tres millones se han quedado en Colombia. Cada anuncio sobre sanciones, diálogos o ruptura de puentes políticos se refleja, casi de inmediato, en el flujo que atraviesa el puente Simón Bolívar o las trochas clandestinas. Por eso, cuando la canciller habla de una transición “sana”, piensa también en los municipios saturados de la frontera, en los hospitales sin camas suficientes y en las escuelas que se adaptan para recibir nuevos estudiantes cada año.
El relato tiene, sin embargo, puntos ciegos. Nadie sabe todavía cuáles serían las figuras que integrarían el eventual gobierno de transición, ni qué garantías concretas estarían dispuestos a aceptar los distintos sectores de la oposición venezolana. Tampoco está claro qué papel jugarían otros actores clave como la Unión Europea, la Celac o la Organización de Estados Americanos. Los analistas coinciden en que, sin un andamiaje internacional robusto, la propuesta corre el riesgo de quedarse en un gesto simbólico más en la larga lista de intentos fallidos por destrabar la crisis.
Por ahora, lo cierto es que Colombia decidió salir de la cómoda zona del comentario distante y entrar de lleno en la trama de la transición venezolana. Lo hace a través de una canciller que conoce de migración y que carga con el encargo de reposicionar la política exterior del país, al tiempo que equilibra la relación con un Estados Unidos cada vez más impredecible. El desenlace de esta historia diplomática definirá si Bogotá logra consolidarse como un interlocutor escuchado en la región o si queda atrapada entre las tensiones de sus dos vecinos más poderosos: Caracas y Washington.
La apuesta de Colombia por apoyar un plan de transición para Nicolás Maduro, anunciada por la canciller Rosa Villavicencio desde Madrid, marca un punto de inflexión en la política exterior del gobierno Petro. Entre la presión militar de Estados Unidos, la crisis migratoria en la frontera colombo–venezolana y la necesidad de nuevas elecciones en Caracas, el país busca consolidar un rol de mediador regional que será clave para la estabilidad de América Latina en los próximos años.