La decisión del Consejo de Estado es el capítulo más reciente de una trama que empezó en marzo de 2024
La historia comenzó el 21 de marzo de 2024, cuando el CSU de la Universidad Nacional se reunió para elegir rector. La comunidad universitaria venía de participar en una consulta interna en la que el profesor Leopoldo Múnera obtuvo la mayor votación entre estudiantes y docentes, pero al final el órgano colegiado escogió a José Ismael Peña. La decisión desató un estallido interno: se multiplicaron las asambleas, las marchas y los plantones, y la sede Bogotá quedó paralizada en medio de un paro que se extendió por semanas.
La presión en los campus y las críticas desde distintos sectores llevaron al CSU a revisar el proceso. En una sesión extraordinaria, realizada en junio de ese mismo año, el Consejo resolvió dejar sin efecto la elección de Peña y nombrar como rector a Múnera, el candidato que había arrasado en la consulta interna. El cambio fue celebrado por grupos estudiantiles y por sindicatos universitarios que vieron en ese giro una reivindicación de la democracia interna, pero también generó molestia en quienes consideraban que el órgano se había plegado a la presión de la calle.
Lejos de cerrar el conflicto, la nueva designación abrió un frente jurídico. Partidarios de Peña demandaron la resolución que llevó a Múnera a la Rectoría, argumentando que el CSU carecía de competencia para anular una elección que seguía siendo válida. La Procuraduría también emitió conceptos en los que advertía sobre los riesgos de desconocer los principios de seguridad jurídica y los derechos de quien había sido elegido inicialmente. Mientras tanto, la comunidad universitaria intentaba volver a la normalidad con un rector cuya designación estaba bajo escrutinio.
Durante los meses siguientes, la universidad vivió en una suerte de limbo institucional. Múnera ejercía como rector, impulsaba líneas de trabajo y tomaba decisiones administrativas, al tiempo que se organizaban jornadas de reflexión sobre la reforma académica, la financiación y la participación estudiantil. Pero en paralelo, en los despachos del Consejo de Estado avanzaba el estudio de las demandas que pedían tumbar la resolución que lo había llevado al cargo.
La sentencia llegó 18 meses después del primer estallido. La Sección Quinta del alto tribunal anuló la elección de Múnera, al concluir que el CSU no podía revocar la designación de Peña sin que mediara una decisión judicial en firme. De un plumazo, el fallo dejó sin efecto el acto que le había dado la Rectoría al académico y devolvió la pelota al órgano universitario que tomó las dos decisiones contradictorias.
Tras conocer la decisión, Múnera hizo una declaración pública en la que reiteró su compromiso con la universidad y señaló que acatará lo resuelto, aunque no comparte todos sus argumentos. Subrayó, además, que el CSU debe designar un nuevo rector, planteamiento que ha sido interpretado como una advertencia de que no necesariamente se trata de restituir a Peña, sino de buscar una salida que tenga en cuenta las lecciones de este ciclo de errores.
Hoy, la Universidad Nacional se encuentra nuevamente en un punto de inflexión. El CSU deberá decidir cómo procede, la comunidad universitaria debate si conviene reabrir la movilización o privilegiar la vía del diálogo, y el país observa de cerca una historia que se ha convertido en símbolo de los desafíos del gobierno universitario en Colombia. La travesía por la Rectoría no ha terminado, pero el desenlace que se elija marcará durante años la relación entre la Nacional, Bogotá y las instituciones del Estado encargadas de garantizar la legalidad de sus decisiones.
La crónica de la Rectoría de la Universidad Nacional, que va de la elección de José Ismael Peña a la anulación del nombramiento de Leopoldo Múnera por parte del Consejo de Estado, condensa tensiones entre democracia interna, autonomía y control judicial. Lo que está en juego no es solo un nombre, sino el modelo de gobierno de la principal universidad pública de Colombia y la confianza de miles de estudiantes de Bogotá y todo el país en sus instituciones.