Tras el choque de cifras entre el Distrito y la Nueva EPS, pacientes relatan demoras, reprogramaciones y largas filas en hospitales de la capital
En la sala de urgencias de un hospital público en el suroccidente de Bogotá, la escena se repite a distintas horas del día: pasillos con camillas, familiares sentados en el piso y pacientes que repasan una y otra vez sus papeles de afiliación. Muchos de ellos llevan en el carné el mismo nombre: Nueva EPS. Para estas personas, el debate entre la Secretaría de Salud y la aseguradora no se expresa en comunicados, sino en el tiempo que deben esperar para ser atendidos, la incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos y el temor de que, en algún momento, les digan que su servicio fue suspendido.
Un usuario con enfermedad crónica cuenta que, desde hace meses, sus citas con especialistas han sido aplazadas varias veces y que cada visita a la sede de la EPS termina en filas que comienzan antes de abrir las puertas. Él dice haber escuchado que “la EPS está en crisis” y que “el Distrito se queja de las deudas”, pero reconoce que no entiende bien por qué las cuentas entre instituciones terminan afectando algo tan básico como la programación de una consulta. Su caso se suma a los de personas que dependen de medicamentos de uso permanente y que temen que la congestión administrativa se traduzca en interrupciones de tratamiento.
En el norte de la ciudad, una mujer mayor espera desde la madrugada en la fila de un hospital que recibe remisiones de la Nueva EPS. Cuenta que fue enviada allí tras no encontrar disponibilidad en la red privada y que, al llegar, le advirtieron que la sala de urgencias estaba al límite de su capacidad. Mientras avanza lentamente la fila, escucha a otros usuarios hablar de deudas, intervenciones y discusiones entre el Gobierno y el Distrito. Para ella, sin embargo, lo urgente se resume en un solo pedido: que la atiendan a tiempo.
La Personería de Bogotá ha recogido testimonios similares en distintas localidades y los ha llevado a sus informes, en los que alerta sobre el riesgo de que hospitales públicos se vean obligados a restringir servicios a la población afiliada a la Nueva EPS si no se normalizan los pagos. Sus funcionarios explican que, aunque la obligación de prestar servicios en urgencias se mantiene, la presión financiera puede traducirse en menos capacidad para abrir nuevas camas, contratar personal o adquirir insumos, lo que termina afectando a todos los pacientes, sin importar su aseguradora.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Salud y la Alcaldía se insiste en que la intervención a la EPS por parte del Gobierno nacional no ha cumplido con el objetivo de mejorar la atención. El secretario Gerson Bermont ha descrito la situación como un “desastre”, señalando el aumento de la cartera y la saturación de urgencias. Del otro lado, la Nueva EPS asegura que ha girado recursos millonarios, que está honrando acuerdos de pago y que sigue contratando con la red pública y privada. Para los usuarios que hacen fila en los hospitales, ambos discursos parecen lejanos frente a la inmediatez de sus necesidades.
En barrios como Ciudad Bolívar, Bosa o San Cristóbal, líderes comunitarios han comenzado a organizarse para acompañar a los pacientes en trámites, radicación de quejas y solicitudes ante las autoridades. Dicen que, además de la congestión, muchas personas no tienen claridad sobre sus derechos ni sobre las rutas para exigir que se cumplan. En sus reuniones, insisten en que la crisis no puede normalizarse y que la ciudad debe encontrar una salida que no recaiga únicamente en la paciencia y la resiliencia de los usuarios.
La vida cotidiana en la red de salud de Bogotá se mueve hoy entre estos relatos y el pulso de cifras entre las instituciones. Cada comunicado oficial se traduce, en última instancia, en la experiencia concreta de una persona que espera una cirugía, un control de embarazo o una valoración en urgencias. En ese cruce de intereses, la prioridad, coinciden organismos de control y organizaciones de pacientes, debe ser garantizar que ninguna discusión financiera deje a los usuarios de Nueva EPS sin atención oportuna y de calidad en la capital.
Las historias que salen de las salas de urgencias y de las filas frente a las sedes de la Nueva EPS en Bogotá ponen rostro a una crisis que se libra en cifras y comunicados. Mientras el Distrito, el Gobierno nacional y la aseguradora discuten sobre deudas y pagos, la ciudadanía espera soluciones que se traduzcan en menos congestión, más oportunidad y mayor claridad sobre su atención. La forma como se resuelva este pulso será determinante para la confianza de los bogotanos en el sistema de salud y en la capacidad de respuesta de la EPS más grande del país.