Tras la maquinaria destruida, historias de territorio disputado
En la vereda Puerto Santo del municipio de Cáceres, el estruendo de las excavadoras destruidas por el Ejército Nacional resonó más allá del operativo militar. Para las comunidades que habitan esta zona del Bajo Cauca antioqueño, cada intervención contra la minería ilegal representa un capítulo más en una historia de décadas marcada por la presencia de grupos armados, la explotación de recursos naturales y la lucha cotidiana por sobrevivir en medio de economías ilegales.
Los 3.000 millones de pesos en maquinaria destruida son cifras que contrastan con la pobreza persistente de las comunidades rurales. Mientras grupos criminales movilizan excavadoras de centenares de millones, las familias campesinas enfrentan carencias básicas: vías sin pavimentar que los aíslan durante temporadas de lluvia, escuelas con infraestructura precaria, puestos de salud distantes e insuficientes.
La operación militar busca debilitar al Clan del Golfo, pero los pobladores de Puerto Santo y veredas circundantes viven una realidad más compleja. Muchos han visto cómo la minería ilegal se convirtió en una de las pocas fuentes de empleo disponibles, una trampa económica donde rechazar el trabajo ofrecido por estructuras criminales puede significar amenazas, desplazamiento o algo peor.
Don Hernán, campesino de la región que prefiere no revelar su apellido, conoce bien esta realidad. Su familia lleva tres generaciones cultivando tierra en el Bajo Cauca, pero la violencia y la presencia de grupos armados han transformado radicalmente el territorio. “Antes vivíamos del plátano, del maíz, de la yuca. Ahora uno no sabe ni para quién trabaja la tierra”, comenta reflejando la incertidumbre que permea las comunidades.
La llegada de maquinaria pesada a zonas rurales apartadas no pasa desapercibida para nadie. Las excavadoras transitan por caminos precarios, los motores industriales generan ruido constante día y noche, el combustible se transporta en cantidades sospechosas. Sin embargo, pocos se atreven a denunciar. El silencio se convierte en estrategia de supervivencia cuando los grupos armados controlan el territorio con presencia permanente.
María, docente de una escuela rural cercana, observa el impacto en las nuevas generaciones. Varios de sus estudiantes han abandonado las aulas para trabajar en las minas ilegales, atraídos por ingresos inmediatos que, aunque precarios y riesgosos, superan cualquier expectativa de educación formal en una región con escasas oportunidades. “Les explico la importancia de estudiar, pero cuando ven que sus padres no consiguen trabajo legal, ¿qué futuro les estamos ofreciendo?”, reflexiona con resignación.
El daño ambiental también golpea directamente a las comunidades. Los ríos y quebradas que antes proporcionaban agua limpia para consumo y pesca ahora arrastran sedimentos turbios. Los cultivos cercanos a operaciones mineras enfrentan contaminación del suelo. El paisaje se transforma: donde había bosque ahora hay cráteres, montañas de escombros y lagunas artificiales con agua estancada.
La presencia del Ejército trae alivio temporal pero no soluciones permanentes. Después de cada operación militar, las tropas eventualmente se retiran, y los grupos armados ilegales evalúan cómo retomar control. Mientras tanto, pobladores quedan en medio del fuego cruzado simbólico: señalados por unos como colaboradores de la autoridad, presionados por otros para no denunciar actividades ilegales.
Jorge, joven líder comunitario, plantea el dilema central: “Nosotros no somos mineros ilegales ni guerrilleros ni paramilitares. Somos campesinos que necesitamos vivir dignamente. Pero nos toca escoger entre trabajar para los que mandan aquí o irnos para la ciudad sin nada”. Su testimonio refleja cómo las opciones se reducen cuando el Estado llega solo en operativos militares pero no con programas sostenibles de desarrollo alternativo.
Las mujeres de la región enfrentan realidades particulares. Muchas han perdido esposos o hijos, unos reclutados por grupos armados, otros muertos en disputas territoriales. Asumen solas la crianza de familias, cultivan parcelas pequeñas y tejen redes de apoyo comunitario para sobrevivir. Rosalba, madre de cuatro hijos, trabaja lavando ropa ajena y vendiendo productos agrícolas: “Uno hace lo que sea por sacar adelante los pelados, pero es duro cuando todo alrededor es violencia y miseria”.
La destrucción de maquinaria por 3.000 millones de pesos representa un golpe significativo a las finanzas criminales, pero en Puerto Santo la vida continúa bajo las mismas condiciones estructurales que permiten la reproducción de economías ilegales. Mientras no lleguen alternativas reales de empleo, educación de calidad, atención en salud y programas de desarrollo rural sostenible, las comunidades seguirán atrapadas en dinámicas donde la línea entre víctimas y victimarios se difumina en la necesidad de sobrevivir.
El verdadero cambio en el Bajo Cauca antioqueño no llegará solo con operaciones militares, por importantes que sean. Requiere una presencia integral del Estado que reconozca la humanidad de quienes habitan estos territorios olvidados, que entienda sus necesidades básicas y que construya con ellos caminos legales hacia una vida digna. Solo cuando las excavadoras destruidas sean reemplazadas por escuelas, hospitales y oportunidades legales de trabajo, la paz llegará realmente a veredas como Puerto Santo.