Veinticinco años después, militares retirados alzan voz
En una mañana de noviembre de 2025, un comunicado sacudió los cimientos del régimen venezolano. No era la primera vez que el Frente Institucional Militar alzaba su voz, pero esta ocasión era diferente. Después de 25 años de existencia, después de observar el deterioro progresivo de las instituciones que alguna vez defendieron con orgullo, 231 oficiales retirados decidieron que había llegado el momento de pronunciar las palabras más duras de su historia: era hora de permitir la transición democrática.
El escenario estaba preparado desde meses atrás. Las elecciones del 28 de julio habían dejado una estela de controversia que se negaba a desvanecerse. En un banco en Panamá, resguardadas bajo estrictas medidas de seguridad, reposaban las actas originales que, según la oposición, revelaban la verdad electoral. Esas hojas de papel habían adquirido un valor casi místico: representaban la diferencia entre la legitimidad y la usurpación, entre la democracia y la autocracia.
Los militares que habían servido en el Plan República cargaban con un secreto a voces. Ellos habían estado allí, en cada mesa electoral, cantando resultados que nunca coincidieron con las cifras oficiales anunciadas por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, el Frente Institucional Militar ponía en palabras lo que muchos sabían pero pocos se atrevían a decir públicamente: el emperador estaba desnudo y era tiempo de reconocerlo.
La historia del Frente Institucional Militar comenzó hace un cuarto de siglo, en tiempos muy diferentes para Venezuela. Aquellos fueron años de esperanza revolucionaria, de promesas de transformación social, de discursos encendidos sobre soberanía y justicia. Un grupo de oficiales observaba con preocupación creciente cómo la retórica se alejaba progresivamente de la realidad, cómo las instituciones militares se politizaban, cómo la profesionalidad cedía terreno ante la lealtad partidista.
El camino recorrido desde entonces estuvo marcado por pronunciamientos que fueron ganando urgencia con el paso de los años. En cada etapa crítica de la historia reciente venezolana, el FIM estuvo presente: cuando se modificó la Constitución, cuando se cerraron medios de comunicación, cuando comenzaron las detenciones arbitrarias de opositores. Cada comunicado era una advertencia, una súplica, un intento de evitar que el país cayera más profundo en el abismo.
La crisis económica que estalló en 2014 marcó un punto de inflexión. Lo que habían sido problemas contenibles se transformó en una catástrofe humanitaria. Las filas para comprar alimentos se volvieron interminables, los hospitales se quedaron sin suministros básicos, la moneda nacional perdió todo valor. Los oficiales retirados veían cómo sus pensiones se evaporaban, cómo sus familias pasaban necesidades, cómo el país que habían jurado proteger se desangraba lentamente.
Llegó julio de 2024 y con él una elección que prometía ser definitoria. La oposición se había unificado tras la figura de Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera que representaba una alternativa moderada al chavismo. La campaña fue desigual desde el inicio: medios controlados por el Estado, uso de recursos públicos para propaganda oficial, restricciones a la movilización opositora. Pero algo estaba cambiando en las calles. Las concentraciones opositoras eran masivas, el hartazgo era palpable.
El día de la votación, Venezuela amaneció con una mezcla de esperanza y tensión. En miles de mesas electorales, ciudadanos de todas las edades y estratos sociales se formaron pacientemente para ejercer su derecho. Los militares del Plan República cumplían su función: garantizar el orden, supervisar el proceso, contar los votos. Al caer la tarde, cuando se cerraron las mesas, ellos fueron testigos directos de los resultados. Cantaron los números, los registraron, los reportaron. Y esos números no coincidían con lo que el gobierno anunciaría horas después.
Lo que siguió fue un período de confusión y conflicto. La oposición publicó copias de actas electorales que respaldaban su victoria. El gobierno insistía en su triunfo pero no mostraba evidencias verificables. Los organismos internacionales exigían transparencia. Mientras tanto, las calles se llenaban de protestas que fueron reprimidas con dureza. Más de mil personas fueron detenidas, muchas de ellas sometidas a tratos crueles en centros de detención que se habían convertido en sinónimo de tortura.
Para noviembre de 2025, la situación se había vuelto insostenible. Venezuela ocupaba el vergonzoso segundo lugar entre los países más corruptos del mundo. Era el más corrupto de América Latina por décimo año consecutivo. La emergencia humanitaria se había profundizado. Millones habían huido del país. Los que permanecían sobrevivían en condiciones cada vez más precarias. Fue entonces cuando el Frente Institucional Militar decidió dar el paso más audaz de su historia.
El comunicado termina con una declaración que resume décadas de frustración y esperanza: “¡La voluntad del Soberano no es negociable!” Estas palabras resonarían en los cuarteles, en las calles, en las cancillerías extranjeras. El Frente Institucional Militar había trazado una línea en la arena. Ya no se trataba de pedir reformas o mejoras graduales: se exigía el reconocimiento de la verdad electoral y el inicio de una transición democrática.
La historia aún no ha escrito su final. El comunicado es apenas un capítulo en una narrativa que continúa desarrollándose día a día. Lo que queda claro es que 231 oficiales retirados decidieron que el silencio ya no era una opción, que la complicidad pasiva era inaceptable, que su deber histórico era alzar la voz sin importar las consecuencias. Su legado, independientemente del desenlace, será el de quienes se negaron a permanecer en silencio mientras su país se desmoronaba. Venezuela recordará este momento como el día en que la institución militar, al menos su sector retirado, dijo basta.