Autoridades colombianas coordinan con otros países para ubicar a familiares y evaluar posibles retornos seguros
Desde que fueron sacados del hotel de Yarumal, los 17 menores vinculados a Lev Tahor permanecen bajo custodia de instituciones de protección infantil en Antioquia. Allí, un equipo interdisciplinario intenta responder preguntas urgentes: quiénes son sus representantes legales, qué idioma dominan, cuál ha sido su nivel de escolaridad y qué riesgos enfrentan si regresan a los países donde fueron reportados como desaparecidos. Cada respuesta influirá en las decisiones que adopten los defensores de familia sobre su futuro inmediato.
Psicólogos y trabajadores sociales trabajan para generar confianza con los niños, muchos de los cuales han crecido en entornos con poca interacción con el mundo exterior. Las rutinas ahora incluyen evaluaciones médicas, espacios de juego, clases básicas de español y acompañamiento emocional, en un intento por amortiguar el impacto del cambio abrupto de vida. Fuentes consultadas señalan que algunos manifiestan nostalgia por sus familias y su comunidad, mientras otros expresan curiosidad por el nuevo entorno que empiezan a descubrir.
Paralelamente, equipos de Migración Colombia y Cancillería cruzan información con autoridades de Estados Unidos, Guatemala y otros países para determinar el origen de cada menor y las alertas que pesan sobre ellos. El objetivo es establecer si existen decisiones judiciales que ordenen su restitución a un progenitor, si hay procesos penales en curso o si se requiere protección internacional especial. Ese cruce de datos es complejo y puede tomar semanas, incluso meses, mientras se analizan documentos y se recogen testimonios.
Expertos en niñez advierten que estos casos exigen un enfoque que combine la protección de derechos con sensibilidad cultural. Varios niños de Lev Tahor han crecido bajo normas muy estrictas de vestimenta, alimentación y religión, por lo que el contacto repentino con escuelas convencionales, medios de comunicación y redes sociales puede resultar abrumador. Para evitar una ruptura traumática, los equipos de atención diseñan procesos graduales de integración, respetando creencias, pero priorizando siempre la seguridad y el bienestar físico y emocional.
El caso también plantea dilemas para la justicia colombiana. Si los adultos que acompañaban a los menores son deportados, podría fragmentarse el núcleo familiar sin que exista aún una decisión de fondo de los países de origen. Por el contrario, permitir que permanezcan en el territorio podría implicar riesgos si en su contra hay investigaciones por delitos graves. De ahí que las instituciones busquen soluciones caso por caso, que tomen en cuenta la voz de los niños y las decisiones de jueces extranjeros.
Organizaciones de derechos humanos han pedido que el seguimiento al proceso sea transparente y que el acceso a la información no se limite a escuetos comunicados oficiales. A su juicio, la sociedad colombiana tiene derecho a conocer cómo se garantiza la protección de la niñez en contextos tan complejos, sin exponer identidades ni detalles que puedan revictimizar a los menores. También señalan que este tipo de casos evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas locales de acogida, que en muchos municipios operan con recursos limitados.
En Yarumal, mientras tanto, la cotidianidad intenta volver a la normalidad. Comerciantes, taxistas y habitantes del municipio comentan aún el operativo, pero insisten en que su principal preocupación es que los niños estén bien. Algunos recuerdan haberlos visto caminar por el parque principal con ropa oscura y rostros serios; hoy se preguntan en qué ciudad o albergue estarán y si algún día sabrán que sus denuncias y llamados ayudaron a encender la alerta.
Más allá del impacto mediático, el caso de los 17 menores de Lev Tahor rescatados en Yarumal pone el foco en los desafíos del sistema de protección infantil en Colombia. El acompañamiento psicosocial, la coordinación internacional y la búsqueda de salidas que respeten la identidad de los niños serán claves para que este operativo no se reduzca a un titular, sino que marque un precedente en la defensa de la niñez migrante y en el manejo de comunidades religiosas cerradas.