Más de un centenar de dispositivos guardaban pruebas clave
Durante casi un año, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol analizó más de cien dispositivos incautados a disidentes de las FARC para reconstruir una red de contactos entre alias Calarcá, un general del Ejército y altos mandos de la inteligencia. Los hallazgos incluyen chats, correos electrónicos, cartas, fotografías e informes que apuntan a posibles pactos de cooperación ilegal entre estas disidencias y el Estado.
Los dispositivos fueron incautados en julio de 2024 en Anorí, Antioquia, durante un operativo que implicó una caravana con jefes disidentes. En esos aparatos se encontraron comunicaciones que documentan la propuesta de crear una empresa de seguridad con legitimidad legal, en la que el general Juan Miguel Huertas pondría los permisos y los disidentes aportarían la fuerza. Uno de los correos sugiere que se buscaba movilizar a una veintena de hombres: primero con permisos para armas cortas, luego para armas largas. Además, los reportes internos mencionan la filtración de inteligencia militar: los disidentes habrían recibido información sobre bases, estaciones policiales, batallones y hasta correos de senadores. En otra carta, se detalla un rol estratégico de Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, en estas negociaciones clandestinas. Además de operaciones nacionales, los archivos indican reuniones en Venezuela, lo que sugiere que la cooperación podría superar fronteras. Los documentos también incluyen referencias a un empresario chino, identificado como Xi Xin Xang, con supuestos vínculos en operaciones de compra de armas, inversiones y minería ilegal. La autenticidad de los archivos fue verificada por fuentes internas de las disidencias, aunque muchos de los testigos pidieron reserva total por temor a represalias. A raíz del escándalo, la Procuraduría Generalha abierto una investigación preliminar para esclarecer los posibles delitos cometidos.
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró que ninguna acción ilegal dentro de las Fuerzas Armadas será tolerada, y prometió “máxima celeridad” en las averiguaciones. El general Huertas rechazó todo vínculo ilícito, argumentando que los documentos difundidos carecen de validación oficial y que su nombre está siendo desacreditado. En el plano político, figuras como David Luna
han aprovechado el escándalo para reclamar transparencia y responsabilizar directamente al presidente Gustavo Petro, planteando renuncia si se confirman los hechos. Sectores críticos han advertido que, de probarse una alianza real, podría tratarse de una infiltración sistémica que debilita los mecanismos de control institucional.
La magnitud de los documentos incautados y analizados apunta a un entramado que va más allá de simples rumores: puede ser la pieza faltante para entender cómo operan las disidencias en el interior del Estado. A medida que avanza la investigación, el país observa con preocupación: no solo por las implicaciones legales, sino por el futuro de su seguridad institucional y la confianza en sus instituciones.