Cuando la paz se negocia con sombra: los costos del escándalo Calarcá

Los archivos revelan un posible pacto de paz… y de impunidad

El reciente escándalo desenterrado por los “archivos secretos de Calarcá” marca un punto de inflexión preocupante en la historia política y de seguridad de Colombia. Presentar una empresa de seguridad como fachada para disidentes era, hasta ahora, una idea de ficción política; ahora, podría haber sido un plan real, orquestado desde los más altos niveles del Estado.

Lo que más alarma no es solo la presunta oferta de legalizar armas o movilidades blindadas, sino la promesa de protección institucional. Si estas acusaciones son ciertas, estaríamos ante un pacto donde la fuerza pública y la disidencia acuerdan un modus vivendi bajo apariencia legal, esquivando retenes y controles militares.

El general Juan Miguel Huertasno es un actor menor: como jefe del Comando de Personal del Ejército, tiene poder real sobre ascensos, traslados y nombramientos. Su reintegración al Ejército durante el gobierno de Gustavo Petro ya suscitó críticas; ahora, se habla de uso de ese poder para construir un puente entre el Estado y grupos armados ilegales. Eso pone en jaque la credibilidad de la institucionalidad.

El otro nombre clave es Wilmar Mejía, desde la inteligencia. Si su papel como enlace resulta verídico, estaríamos ante una red de filtración interna: no solo contactos logísticos, sino posiblemente operaciones estratégicas para proteger a disidentes. Es una traición desde adentro, y eso siempre es más peligroso que una amenaza externa.

La Procuraduría y el Ministerio de Defensa han reaccionado con promesas de rigor y transparencia. Pero el desafío no es solo investigarlo: es reconstruir la confianza ciudadana. Porque si el Estado se convierte en facilitador de criminales, la paz dejada en papel se convierte en una farsa institucional.

En este momento, Colombia está ante un cruce moral: ¿negocia con sus demonios o los transforma en socios? Si estos vínculos son reales, los ciudadanos no solo deben exigir sanciones, sino garantías de que las líneas rojas no se cruzarán nuevamente.

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