Comunidades temen perder suelos, agua y memoria
En las madrugadas frías de la Sabana de Bogotá, mientras la niebla se levanta lentamente sobre los cultivos y los humedales, la discusión sobre unas “directrices ambientales” parece lejana. Sin embargo, lo que se decida en las próximas semanas en una sala de reuniones del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH) marcará la vida diaria de miles de habitantes: campesinos que dependen del agua para sus hortalizas, familias que han visto transformarse su entorno por la llegada de conjuntos residenciales y vecinos que cada temporada de lluvias miran con preocupación cómo el agua se acerca a sus casas.
Para quienes llevan años viviendo en municipios como Chía, Cota, Funza o Mosquera, la sabana cambió de manera vertiginosa: donde antes había potreros y parcelas, hoy hay urbanizaciones cerradas, bodegas y vías cada vez más congestionadas. Con ese cambio también llegaron nuevas amenazas: inundaciones en la Autopista Norte y en barrios levantados sobre antiguas zonas de humedal, pérdida de suelos agrícolas y temporadas de sequía que recuerdan la fragilidad de los acuíferos que alimentan la región.
Las directrices ambientales que se discuten en el CECH son, en el fondo, un intento por poner límites a esos procesos. El documento identifica áreas que deberían mantenerse libres de urbanización intensiva, por su importancia para recargar el agua subterránea, conservar bosques y humedales o evitar que las familias sigan construyendo en zonas de alta amenaza por inundaciones y deslizamientos. Para organizaciones comunitarias y colectivos ambientales, se trata de una oportunidad para proteger lo que queda del paisaje sabanero que conocieron sus abuelos.
Del otro lado están quienes temen que las nuevas reglas de juego frenen proyectos que ya estaban en marcha. Algunos habitantes que apostaron por comprar vivienda en la sabana, atraídos por la promesa de “vivir cerca de la naturaleza”, miran con angustia la posibilidad de que se dilaten obras de infraestructura vial o de servicios públicos necesarias para mejorar su calidad de vida. También hay pequeños empresarios que temen que mayores restricciones les impidan ampliar talleres, bodegas o espacios productivos que han levantado durante décadas.
En medio de estas preocupaciones, la noticia de que el CECH aplazó para diciembre la decisión definitiva fue recibida con sensaciones encontradas. La solicitud de la Empresa de Acueducto de Bogotá de revisar cuidadosamente las actas puede verse como una garantía de transparencia, pero también como un nuevo capítulo de un conflicto que parece extenderse sin un desenlace claro. Quienes siguen el proceso desde las veedurías ciudadanas temen que las dilaciones desgasten la confianza en la concertación.
Más allá de las posturas institucionales, la sabana sigue viviendo sus propias paradojas. Mientras unos municipios promueven caminatas ecológicas en humedales para mostrar su riqueza natural, otros enfrentan procesos de sanción por la tala indebida de árboles o el relleno de zonas protegidas. Y aunque cada 12 de mayo se celebra el Día del Río Bogotá con jornadas de sensibilización, las aguas del afluente todavía arrastran residuos y contaminantes provenientes de la ciudad y de la industria.
En este escenario, la historia de la sabana no se escribe solo en resoluciones y mapas. También está en la memoria de quienes han visto transformarse su territorio y hoy exigen participar de manera real en las decisiones. Las directrices ambientales podrán definir qué se puede construir y dónde, pero serán las comunidades, los campesinos, los nuevos residentes y las autoridades locales quienes, en la práctica, conviertan esas reglas en acciones concretas para cuidar el agua, los suelos y los humedales que sostienen la vida en esta planicie andina.
El desenlace del debate sobre el futuro ambiental de la Sabana de Bogotá no solo tendrá un impacto jurídico, sino profundamente humano. De las decisiones que tome el CECH dependerá que las próximas generaciones sigan reconociendo la sabana como un territorio de humedales, cultivos y ríos vivos, y no solo como una extensión interminable de concreto.
Por eso, organizaciones sociales piden que la discusión sobre las directrices ambientales se mantenga abierta a la ciudadanía, con información clara y mecanismos de participación que acerquen estas decisiones a la realidad cotidiana de los barrios y veredas de Bogotá y Cundinamarca. Solo así, señalan, la protección de la sabana podrá ser una construcción compartida y no un mandato distante.