Una audiencia marcada por el peso del apellido
En la sala de audiencias, Nicolás Petro escucha atento mientras la fiscal del caso repasa los hechos que, según la investigación, lo conectan con el presunto direccionamiento de contratos en la Gobernación del Atlántico. Viste de manera sobria y apenas interviene cuando el juez le da la palabra. A su lado, su defensa prepara notas, consulta documentos y revisa con detalle los tiempos de cada intervención. En el otro extremo, los representantes del ente acusador despliegan su batería de argumentos para sostener los seis delitos que le atribuyen.
La escena se ha repetido varias veces desde que el caso se hizo público. Sin embargo, cada audiencia añade un nuevo elemento al relato colectivo sobre la justicia y el poder. En esta oportunidad, la Fiscalía insiste en que hubo desvío de recursos destinados a programas sociales y que se configuró un detrimento patrimonial de 111 millones de pesos. Son cifras que, más allá de lo jurídico, representan dinero que los ciudadanos esperaban ver convertido en servicios, atención o apoyo para los más vulnerables.
En los barrios de Barranquilla y municipios del Atlántico, donde la pobreza y la necesidad siguen siendo parte del día a día, estas historias tienen un eco particular. Dirigentes comunales y líderes de adultos mayores señalan que cualquier investigación sobre contratos sociales debe tomarse con seriedad, porque son precisamente esos programas los que muchas veces marcan la diferencia entre tener o no un apoyo mínimo del Estado. El nombre de la fundación investigada aparece en conversaciones en las que se mezclan recuerdos de actividades realizadas, dudas sobre su alcance real y preguntas sobre el destino final de los recursos.
En medio de este contexto, la figura de Nicolás Petro también es objeto de miradas cruzadas. Algunos lo recuerdan como un dirigente cercano a las causas sociales del Atlántico; otros lo ven hoy como símbolo de las contradicciones entre el discurso del cambio y las denuncias de corrupción. Para quienes lo conocen de la política regional, no deja de ser impactante verlo en el banquillo de los acusados, escuchando cargos por tráfico de influencias, peculado y falsedad documental.
La audiencia, sin embargo, no gira solo en torno al apellido. En el recinto también están presentes funcionarios de la Procuraduría, representantes de la defensa y delegados de la Fiscalía que han seguido el caso desde sus primeras etapas. El juez, que ya había llamado la atención sobre la necesidad de más claridad en la exposición del ente acusador, intenta mantener el equilibrio entre las partes, concediendo la palabra y resolviendo las objeciones que van surgiendo.
En las afueras del juzgado se mueven los equipos de prensa que transmiten en vivo cada desarrollo. Para muchas personas, el conocimiento del caso llega a través de estas transmisiones y de los resúmenes que circulan en redes sociales. Es ahí donde se cruzan lecturas políticas, comentarios emocionales y análisis jurídicos, a veces sin distinción. El expediente judicial se convierte así en una historia compartida, en la que la justicia, la confianza y la frustración ciudadana se mezclan a diario.
Las familias del Atlántico, mientras tanto, siguen lidiando con sus preocupaciones habituales: empleo, seguridad, servicios públicos, acceso a salud. Para ellas, el caso Nicolás Petro es una pieza más de un panorama en el que la corrupción se percibe como un obstáculo recurrente para mejorar su calidad de vida. Cada anuncio sobre nuevas imputaciones o decisiones judiciales reaviva la esperanza de que haya sanciones efectivas, pero también el escepticismo de quienes han visto casos similares en el pasado.
En Barranquilla, la imputación de cargos a Nicolás Petro no solo se discute en los pasillos del Juzgado 14 Penal Municipal, sino también en las plazas, los buses y las calles de la ciudad. El proceso por seis delitos relacionados con contratos sociales se ha convertido en un espejo de las expectativas y temores de la ciudadanía frente al uso de los recursos públicos.
Lo que ocurra en las próximas audiencias será clave para definir el futuro judicial del hijo del presidente, pero también para enviar un mensaje a los habitantes del Atlántico sobre la capacidad del sistema judicial de responder a denuncias de corrupción. Cada nueva decisión en Barranquilla se leerá, inevitablemente, como un gesto hacia la recuperación de la confianza o como una confirmación del desencanto ciudadano.