Multa supera los 5.900 millones de pesos
La sala plena se reunió con el objetivo de someter a votación la ponencia que recogía los hallazgos de la investigación adelantada por los magistrados Ortiz y Prada. En dicha ponencia se señalaba que la campaña Petro Presidente habría excedido los límites de gasto fijados por la normativa electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Este tipo de topes están consagrados en la legislación con el fin de garantizar la igualdad de condiciones entre las campañas y evitar desequilibrios derivados del acceso a recursos económicos.
Previo a la decisión definitiva, el jueves 13 de noviembre se había registrado una votación parcial en la que cinco magistrados respaldaron la ponencia. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría absoluta debido a la separación de dos magistrados: Alba Lucía Velásquez, recusada por su condición de testigo electoral del Pacto Histórico, y Álvaro Echeverry, quien se declaró impedido al reconocer que había trabajado como abogado para la campaña del Pacto. La ausencia de ambos impidió cerrar el caso en ese momento.
Para superar esa situación, se acudió a la figura de los conjueces, contemplada en la normatividad para garantizar que los procesos no queden bloqueados por recusaciones o impedimentos. Con la presencia de estos juristas, la sala plena pudo reanudar la discusión y proceder a una votación con mayoría decisoria. Este mecanismo es habitual en altas cortes y órganos de control cuando se presentan conflictos de interés o cuando algunos miembros no pueden participar.
La votación final arrojó un resultado favorable a la sanción. Además de los magistrados ponentes, apoyaron la decisión Maritza Martínez, Altus Baquero y Alfonso Campos, pertenecientes a distintas colectividades políticas. El conjuez Majer Abushihab sumó su voto a esta mayoría. En sentido contrario, el conjuez Iván Acuña votó en contra, reflejando que existía al menos una interpretación jurídica distinta sobre la valoración de los hechos y las pruebas.
La sanción económica de 5.922 millones de pesos se dirige a la campaña, pero sus efectos trascienden el plano administrativo. En su parte resolutiva, el CNE no se limita a imponer la multa, sino que solicita a la Fiscalía que investigue las presuntas conductas en las que habría incurrido Ricardo Roa. Entre ellas, se mencionan la financiación de campañas con fuentes prohibidas, la violación de topes de gastos, un posible fraude procesal y otras conductas que pudieran configurarse a partir de la revisión del expediente.
En el mismo sentido, la orden de remitir el expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes busca que ese órgano, en su condición de juez natural del presidente, evalúe la relevancia de los hechos dentro del proceso con radicado 5914. La remisión se hará en medio magnético y abarcará la totalidad del material probatorio y de las consideraciones jurídicas contenidas en la resolución aprobada por el CNE.
Desde la perspectiva institucional, el fallo refuerza la competencia del Consejo Nacional Electoral como órgano encargado de vigilar y controlar la financiación de las campañas. La combinación de sanciones administrativas, remisión a la Fiscalía y comunicación a la Comisión de Acusación muestra un esquema en el que convergen distintos niveles de responsabilidad: administrativa, penal y política, dependiendo de las conclusiones a las que lleguen las autoridades receptoras del expediente.
La decisión del CNE frente a la campaña Petro Presidente configura un mapa claro de las rutas institucionales en casos de presunta violación de topes electorales. La sanción administrativa es apenas el primer eslabón de un proceso que ahora se trasladará a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación, donde se definirá si las conductas descritas en el fallo dan lugar a imputaciones penales o a eventuales procesos políticos.
En este contexto, el caso se convierte en referencia para candidaturas futuras y para el debate sobre el rigor de los controles en materia de financiación electoral. La forma en que avancen las investigaciones y las decisiones de las distintas instancias permitirá medir la efectividad del sistema colombiano para sancionar y prevenir irregularidades en las campañas.