Colombianos en el extranjero podrían afrontar impacto directo
Para miles de colombianos que dedicaron años a estudiar idiomas, realizar maestrías en relaciones internacionales y acumular experiencia profesional con la meta de representar a su país en el exterior, el borrador de decreto del gobierno representa más que un cambio normativo. Es una transformación que cuestiona el valor del esfuerzo invertido en construir una carrera diplomática.
Los funcionarios de ASODIPLO y UNIDIPLO, quienes se formaron bajo el paradigma de la meritocracia y la especialización, ven en la propuesta gubernamental el desmantelamiento de un sistema que les prometió que el estudio, la dedicación y la experiencia serían reconocidos. Muchos de ellos dejaron atrás oportunidades en el sector privado, invirtieron en formación costosa y aceptaron destinaciones difíciles con la convicción de que construían una carrera basada en el mérito.
Pero esta historia no involucra solo a los funcionarios diplomáticos. Millones de colombianos que viven en el exterior y dependen de los servicios consulares para trámites vitales, emergencias, repatriaciones y protección legal, se preguntan qué significará para ellos que los responsables de estas funciones ya no requieran formación ni experiencia específica. Sus vidas cotidianas están conectadas a las decisiones que se toman en consulados y embajadas.
María Fernanda trabajó diez años en el sector privado mientras estudiaba una maestría en relaciones internacionales en las noches. Su sueño era ingresar a la carrera diplomática. Aprendió francés e inglés, realizó cursos de protocolo diplomático y participó en simulaciones de negociaciones internacionales. Para personas como ella, que aún no han ingresado al servicio exterior pero se preparaban para hacerlo, la propuesta gubernamental representa la eliminación del camino que habían trazado con esfuerzo.
Juan Carlos, un cónsul con quince años de experiencia, ha gestionado repatriaciones de cuerpos, ayudado a víctimas de violencia doméstica en el exterior y coordinado operativos de asistencia durante crisis internacionales. Su formación en derecho internacional y su experiencia consular han sido fundamentales para resolver situaciones complejas que afectan la vida de colombianos lejos de casa. Él y sus colegas temen que la ausencia de requisitos comprometa la capacidad de respuesta ante estos casos sensibles.
Ana Lucía vive en Madrid desde hace doce años. Cuando su hijo enfermó gravemente, el personal consular colombiano le ayudó a coordinar con el sistema de salud español, facilitó documentación de emergencia y mantuvo comunicación constante con su familia en Colombia. Ella no conocía los requisitos académicos de los funcionarios que la atendieron, pero valoró su profesionalismo, conocimiento de procedimientos y capacidad para manejar una situación estresante. Para los millones de colombianos en el exterior, la competencia de los funcionarios consulares no es un tema abstracto.
Carlos Andrés soñaba con ser embajador desde que era adolescente. Su familia no tenía recursos para enviarlo a estudiar al exterior, pero con becas y trabajo simultáneo logró completar pregrado y maestría. Aprendió portugués porque quería especializarse en relaciones con Brasil. Para él, el mensaje del gobierno es contradictorio: inicialmente se le dijo que el esfuerzo y la preparación eran el camino; ahora se le dice que eso no es necesariamente relevante.
Los funcionarios de UNIDIPLO y ASODIPLO que firmaron el comunicado de rechazo no son solo voces institucionales abstractas. Son personas que construyeron sus vidas profesionales bajo ciertas reglas de juego, que invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo en formación especializada, y que ahora ven cómo esas reglas cambian radicalmente. Su preocupación no es solo corporativa: es personal y afecta sus trayectorias, sus familias y sus proyectos de vida.
Desde otra perspectiva, están quienes apoyan la medida del gobierno por razones igualmente personales. Colombianos talentosos que no tuvieron acceso a educación superior por razones económicas, o que construyeron experiencia valiosa en contextos no académicos, podrían ver en la flexibilización una oportunidad antes cerrada. El debate enfrenta dos tipos de exclusión: la que sufren quienes invirtieron en formación y ven devaluado su esfuerzo, y la que sufren quienes nunca pudieron acceder a esa formación.
El rostro humano de esta controversia incluye también a quienes dependen de la efectividad de la representación diplomática colombiana: empresarios que necesitan apoyo para negociaciones internacionales, estudiantes que buscan convenios académicos, colombianos detenidos en el exterior que requieren asistencia legal, familias que esperan repatriación de seres queridos fallecidos. Para todos ellos, la pregunta no es ideológica sino práctica: ¿quién los atenderá y con qué competencias?
Detrás de los términos legales, las declaraciones institucionales y los debates políticos, hay personas reales cuyas vidas se verán afectadas por esta decisión. Funcionarios que dedicaron décadas a una carrera diplomática, aspirantes que invirtieron años en preparación, y millones de colombianos en el exterior cuyo bienestar depende de servicios consulares efectivos.
La medida planteará ganadores y perdedores en términos humanos: abrirá puertas a algunos y las cerrará a otros, generará oportunidades para unos y frustraciones para quienes siguieron las reglas anteriores. Al final, más allá de argumentos constitucionales o administrativos, esta es una historia sobre sueños profesionales, expectativas de vida y la confianza de los ciudadanos en que el Estado los representará y protegerá efectivamente cuando estén lejos de casa.