Funcionarios dejaron sus escritorios para protestar
Desde temprano, algunos empleados se fueron agrupando frente a la sede, mientras otros se asomaban por las ventanas para observar la escena. Entre carteles y conversaciones en voz baja, se repetían palabras como “sobrecarga”, “desigualdad” y “víctimas”. Muchos llevaban años trabajando en Gaula y no ocultaban su molestia por lo que consideran el final de una estructura que ayudó a enfrentar algunos de los delitos más sensibles para la ciudadanía.
En el centro del malestar está la resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, que eliminó las unidades Gaula en múltiples seccionales y trasladó a sus fiscales a la Dirección contra el Crimen Organizado. La medida, explicada como parte de una reestructuración más amplia, significó que varios despachos asumieran nuevas funciones y que su carga de expedientes se disparara, mientras otros en la misma dirección quedaron con un número muy inferior de casos.
La carta que los funcionarios de Asonal hicieron llegar a la fiscal es el guion silencioso de la protesta. En el documento, señalan que durante esta administración “la están pasando mal” porque las decisiones adoptadas no garantizan un buen servicio de justicia y dejan a la ciudadanía desprotegida frente a delitos de alto impacto como la extorsión. También plantean preguntas sobre quién liderará ahora las indagaciones y el trabajo articulado con Ejército, Armada, CTI y Policía.
Mientras algunos representantes sindicales leían fragmentos de la carta, otros funcionarios recordaban que el delito de extorsión no solo afecta a grandes empresarios, sino a pequeños comerciantes, transportadores y familias en barrios populares de Bogotá y del resto del país. El aumento de estos casos, sumado al repunte del secuestro, hace que cualquier cambio en la estructura investigativa se sienta como un riesgo adicional para quienes dependen de la Fiscalía para recuperar tranquilidad.
En medio del plantón, no faltaron las referencias a los agentes de la Dirección de Protección de la Fiscalía que permanecen secuestrados por el ELN desde hace más de cuatro meses. Para muchos de los presentes, ese hecho sintetiza la gravedad del momento: si incluso servidores del ente acusador son víctimas de secuestro, consideran que las decisiones institucionales deberían reforzar el trabajo especializado y no diluirlo.
La escena también mostró las diferencias entre quienes salieron a la calle y quienes prefirieron mantenerse al margen. Algunos funcionarios, por prudencia o temor, siguieron trabajando en sus oficinas, pero desde los pasillos se escuchaban comentarios sobre la desigual carga de procesos y la preocupación por lo que pueda pasar si los despachos más saturados no logran avanzar al ritmo que se requiere.
Al concluir la jornada, el plantón se disolvió sin enfrentamientos ni anuncios de paro. Sin embargo, dejó una imagen clara: la de una institución que vive un momento de tensión interna mientras intenta ajustar su estructura para enfrentar al crimen organizado. La carta quedó en manos de la administración y ahora la expectativa se centra en si habrá correcciones, nuevos espacios de diálogo o si, por el contrario, el malestar se seguirá acumulando en silencio entre los pasillos del búnker.
Más allá de la crónica de un día de protesta, lo ocurrido frente al búnker de la Fiscalía revela el pulso entre una reingeniería institucional y las experiencias de quienes la viven en carne propia. Los funcionarios que participaron del plantón esperan que su gesto no se pierda en la rutina y que la carta enviada a la fiscal Camargo sea el inicio de una conversación real sobre cómo fortalecer, y no debilitar, la respuesta frente a la extorsión y el secuestro.
En un país donde la confianza en la justicia se construye caso a caso, la forma en que la Fiscalía atienda este reclamo interno será clave para definir si la reestructuración se convierte en una oportunidad de mejora o en un nuevo motivo de distancia entre la institución y la ciudadanía.