Crisis diplomática afecta vidas en zonas cocaleras
Mientras el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro intercambian declaraciones sobre la destrucción de laboratorios de cocaína, miles de familias campesinas en zonas rurales de Colombia observan con creciente preocupación cómo su cotidianidad se convierte en objeto de disputa internacional. Las amenazas de acciones militares estadounidenses generan temor en comunidades que han vivido atrapadas durante décadas entre grupos armados, cultivos ilícitos y políticas gubernamentales cambiantes.
En regiones como Putumayo, Caquetá, Nariño y Norte de Santander, donde se concentra buena parte de los cultivos de coca del país, la posibilidad de operaciones militares extranjeras se suma a una larga lista de angustias cotidianas. Las familias que dependen directa o indirectamente de la economía cocalera enfrentan el dilema de elegir entre la pobreza extrema o participar en una cadena productiva ilegal que conocen perfecta bien los riesgos que conlleva.
María Elena, una madre de cuatro hijos en una vereda del sur de Colombia, cuyo nombre real se omite por seguridad, resume la situación con palabras simples: “Nosotros no somos narcotraficantes, somos campesinos que no tenemos otra forma de sobrevivir. Cuando hablan de bombardear laboratorios, ¿piensan en nuestros hijos que estudian cerca? ¿En nuestras casas que están al lado?”.
Las cifras oficiales mencionadas por ambos presidentes adquieren un significado diferente cuando se observan desde las comunidades afectadas. Los más de 10.000 laboratorios destruidos que menciona Petro representan, en muchos casos, estructuras precarias en medio de la selva donde trabajan personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. La destrucción de estas instalaciones raramente captura a los verdaderos líderes de las organizaciones criminales, que operan desde ciudades o incluso desde el extranjero.
Los pobladores rurales narran cómo las operaciones de erradicación, sean manuales o mediante aspersión, afectan no solo los cultivos ilícitos sino también sus parcelas de alimentos. Las promesas de programas de sustitución voluntaria han tenido implementación irregular, dejando a familias que abandonaron la coca en situación de mayor vulnerabilidad económica que antes. Esta experiencia genera escepticismo sobre cualquier nueva estrategia anunciada por los gobiernos.
La militarización del combate al narcotráfico también cobra vidas. Los bombardeos estadounidenses en el Caribe que han causado más de 80 muertes incluyen, según organizaciones de derechos humanos, tripulantes de embarcaciones que pueden no ser necesariamente narcotraficantes armados sino pescadores contratados por necesidad económica. Cada cifra oficial representa historias humanas, familias que pierden a sus proveedores en operativos que carecen de debido proceso.
En las ciudades costeras del Caribe colombiano, las comunidades pesqueras viven con temor. Salir al mar se ha convertido en una actividad de riesgo, no solo por la presencia de grupos armados sino también por la posibilidad de ser confundidos con narcotraficantes por las fuerzas estadounidenses. Las redes de pescadores han reportado reducción significativa en sus actividades, afectando economías locales que dependen de esta actividad tradicional.
Los jóvenes en zonas cocaleras enfrentan opciones limitadas. Sin acceso a educación superior de calidad, con mercados laborales rurales deprimidos y presionados por grupos armados que ofrecen dinero rápido, muchos terminan involucrados en algún eslabón de la cadena del narcotráfico. Las declaraciones belicosas desde Washington o Bogotá poco hacen por ampliar sus horizontes o crear alternativas reales de vida digna.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes en territorios donde opera el narcotráfico sufren impactos particulares. Sus territorios ancestrales se convierten en campos de batalla entre fuerzas del estado, grupos armados y operaciones internacionales. La contaminación ambiental por químicos usados en la producción de coca, sumada a la violencia, genera desplazamientos forzados y destrucción de formas de vida tradicionales que han existido por generaciones.
María Elena concluye su testimonio con una reflexión que comparten muchos en situación similar: “Los presidentes se pelean y hacen declaraciones fuertes, pero al final del día nosotros seguimos aquí, tratando de sobrevivir, de mantener a nuestros hijos en la escuela, de tener algo que comer. Nadie nos pregunta qué necesitamos realmente. Solo hablan de bombardear y destruir, como si nosotros no existiéramos”.
La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos se desarrolla en oficinas gubernamentales y salas de prensa, pero sus consecuencias potenciales se sentirían en las veredas más alejadas del país. Las familias campesinas que han sobrevivido décadas de conflicto armado ahora enfrentan la posibilidad de un nuevo capítulo de violencia, esta vez con participación directa de fuerzas militares extranjeras en su territorio.
Mientras los gobiernos debaten estrategias y intercambian acusaciones, las comunidades rurales continúan esperando lo que han pedido durante generaciones: presencia del estado que no sea exclusivamente militar, oportunidades económicas legales que sean realmente viables, educación de calidad para sus hijos, y la posibilidad de vivir con dignidad sin verse forzados a elegir entre la pobreza extrema o la ilegalidad. Hasta que estas necesidades fundamentales no sean abordadas, cualquier estrategia antinarcóticos, sin importar cuán contundente suene en las declaraciones oficiales, tendrá impacto limitado en las causas profundas del problema.