Población civil paga precio de desacuerdo presidencial
Detrás de las declaraciones de Trump sobre “tener un problema en Colombia” se esconden miles de historias humanas. Campesinos que cultivan coca por necesidad económica, pescadores acusados de transportar drogas, familias enteras que dependen de programas de ayuda estadounidense que ahora peligran. La crisis diplomática entre Washington y Bogotá tiene rostros concretos en las zonas rurales colombianas.
Los ataques militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico han dejado al menos 70 muertos. Cada número representa una vida, una familia destrozada, un futuro truncado. Petro los llama “campesinos” y “pescadores”; Trump los considera narcotraficantes. Entre estas dos narrativas, las comunidades vulnerables enfrentan la violencia sin tener voz en el conflicto que decide su destino.
La suspensión de la ayuda estadounidense amenaza con desfinanciar programas sociales que benefician a comunidades en zonas de conflicto. Proyectos de sustitución de cultivos, educación, salud y desarrollo rural que ofrecían alternativas a miles de familias ahora penden de un hilo. El enfrentamiento entre dos presidentes se traduce en incertidumbre cotidiana para quienes menos tienen.
En las regiones cocaleras de Colombia, familias enteras dependen de un cultivo que nunca eligieron libremente. La hoja de coca ofrece lo que ningún otro producto agrícola puede garantizar en zonas remotas: comprador seguro, pago inmediato y precio estable. Cambiar a cultivos legales requiere infraestructura, mercados, transporte y apoyo sostenido, precisamente lo que los programas en riesgo proporcionaban.
María, una campesina del sur de Colombia, representa a miles en su situación. Cultiva coca porque el café que intentó sembrar se pudrió sin poder sacarlo a vender por falta de carreteras. Los programas de sustitución le prometían apoyo durante tres años mientras transitaba a cultivos legales. Ahora, con la ayuda estadounidense amenazada, no sabe si podrá completar ese proceso o tendrá que volver a la coca para sobrevivir.
Los pescadores del Pacífico y el Caribe viven con miedo constante desde que comenzaron los ataques estadounidenses. Salir al mar para ganarse la vida se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Las narcolanchas operan en las mismas aguas donde trabajan pescadores artesanales, y las operaciones militares no siempre distinguen entre unos y otros. El temor a ser confundido con narcotraficante y terminar muerto marca cada jornada laboral.
Las familias de quienes han muerto en los ataques viven un duelo complicado por la controversia. Estados Unidos sostiene que atacó embarcaciones con drogas; Colombia denuncia ejecuciones extrajudiciales. Para las familias, el debate geopolítico no devuelve a sus seres queridos ni proporciona respuestas claras sobre lo que realmente sucedió. Viven atrapadas entre narrativas contradictorias sin acceso a la verdad.
Los jóvenes en zonas rurales colombianas enfrentan opciones limitadas. Los grupos armados ofrecen dinero rápido para trabajar en cultivos ilícitos o transporte de drogas. Los programas educativos y de desarrollo que ofrecían alternativas ahora están amenazados. Cada recorte en cooperación internacional significa menos oportunidades legítimas y más vulnerabilidad al reclutamiento por organizaciones criminales.
Las organizaciones de base comunitaria que trabajan en zonas de conflicto están en crisis. Muchas dependen parcialmente de fondos que pasaban por canales de cooperación estadounidense. Sin estos recursos, proyectos de construcción de paz, atención a víctimas del conflicto y prevención del reclutamiento de menores peligran. El enfrentamiento presidencial tiene consecuencias directas en el tejido social de las comunidades más vulnerables.
Los trabajadores de salud en regiones apartadas también sufren el impacto. Programas de atención a víctimas de violencia sexual, tratamiento de adicciones y salud materno-infantil recibían apoyo de la cooperación bilateral. La incertidumbre presupuestaria los pone en riesgo justo cuando las comunidades más los necesitan. Entre posiciones políticas irreconciliables, son los más vulnerables quienes pagan el precio más alto.
Mientras Trump y Petro se enfrentan públicamente desde sus posiciones de poder, millones de colombianos viven las consecuencias reales de esta crisis. No se trata de abstracciones diplomáticas sino de decisiones cotidianas sobre supervivencia: qué cultivar, si salir a pescar, cómo educar a los hijos sin programas de apoyo. La política exterior tiene rostros humanos que raramente aparecen en los titulares.
La resolución de este conflicto debería considerar no solo los intereses de ambos gobiernos, sino el bienestar de las comunidades atrapadas en medio. Cualquier estrategia antidrogas que ignore las realidades humanas de quienes viven en zonas de producción está destinada a fracasar. Entre la mano dura de Trump y el enfoque social de Petro, miles de familias esperan simplemente poder vivir en paz y dignidad.