La historia comienza con sanciones de Estados Unidos y termina, por ahora, en un impedimento para volver
La historia de Verónica Alcocer y sus problemas para volver a Colombia no se entiende sin retroceder varios meses. Primero fue el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que incluyó al presidente Gustavo Petro y a la primera dama en la llamada Lista Clinton, un registro que señala a personas y entidades vinculadas, según Washington, con actividades financieras de alto riesgo.
A partir de ese momento, detrás de bambalinas, bancos, aseguradoras y empresas que trabajan con el Estado empezaron a revisar con lupa sus contratos y relaciones con la Casa de Nariño.
En los meses siguientes, las consecuencias se hicieron visibles. Desde Bogotá, la Presidencia informó que la firma italiana Leonardo Helicopters decidió suspender el mantenimiento del helicóptero presidencial, un aparato clave para los desplazamientos del jefe de Estado dentro del país.
Más tarde, durante una gira por Arabia Saudita, el propio Petro relató que al avión presidencial se le negó abastecimiento de combustible y revisiones rutinarias, una señal de que las restricciones no se limitan a un solo proveedor, sino que pueden extenderse por la cadena de servicios aeronáuticos.
Mientras esto ocurría, Verónica Alcocer se alejaba del radar interno colombiano y comenzaba a aparecer en medios internacionales. Un reportaje del diario sueco Expressen, replicado por otros medios, la ubicó viviendo en Estocolmo desde octubre, asistiendo a eventos exclusivos, frecuentando restaurantes costosos y residiendo en un apartamento céntrico en una de las ciudades más caras del mundo.
Esa vida en el norte de Europa, vista desde Bogotá, alimentó titulares sobre “lujo” y “privilegios” en medio de la crisis social y económica que vive el país.
El giro dramático llegó durante la conmemoración de los 94 años de la Casa Militar, cuando Petro decidió contar que su esposa tiene problemas para regresar a Colombia por las mismas sanciones.
En su discurso, el presidente habló de una “ignominia” y afirmó que hará todo lo posible para garantizar el reencuentro de Verónica Alcocer con su hija. La revelación transformó lo que había sido un debate sobre contratos y helicópteros en un relato sobre fronteras, familia y dignidad.
El anuncio no solo tuvo impacto mediático, sino institucional. Dentro de la Casa de Nariño, los equipos jurídicos y de relaciones internacionales analizan escenarios sobre cómo tramitar el regreso de la primera dama sin agravar la tensión con Washington. Una posibilidad es negociar licencias específicas o clarificaciones sobre el alcance de las sanciones para permitir ciertos desplazamientos familiares. Otra es insistir en que la inclusión en la Lista Clinton fue injusta y presionar por su revisión, algo que hasta ahora no ha obtenido respuesta oficial.
En paralelo, el país discute qué significa que la familia presidencial esté sometida a restricciones propias de actores señalados por presuntos hechos de corrupción y lavado de activos, aun cuando no se ha conocido un proceso judicial en Colombia que respalde esas acusaciones.
Sectores de oposición consideran que la situación deteriora la imagen del país y complica la política exterior; seguidores del Gobierno la interpretan como un castigo por la postura crítica de Petro frente a la política antidrogas y a decisiones de Estados Unidos en la región.
Hoy, el relato de esta cronología se lee en clave de incertidumbre. En Estocolmo, Verónica Alcocer intenta sostener su vida lejos de los focos bogotanos; en la Casa de Nariño, el presidente la menciona como ejemplo de las consecuencias humanas de las sanciones; y en Washington, el expediente de la Lista Clinton sigue siendo un documento reservado. Lo único claro es que cada nuevo episodio —un vuelo frustrado, un contrato suspendido, una declaración pública— se suma a una trama que mezcla diplomacia, familia y opinión pública en Colombia.
La cronología del caso de Verónica Alcocer, desde las sanciones internacionales hasta sus problemas para volver a Colombia, ayuda a entender cómo la Lista Clinton afecta al Gobierno Petro, al helicóptero y al avión presidencial y a la relación con Suecia y Estados Unidos. Para lectores en Bogotá y en las regiones, seguir paso a paso estos hechos es clave para dimensionar el impacto real de las medidas sobre la familia presidencial y el futuro político del país