Fiscalía y Policía documentaron cinco falsos allanamientos
Oficiales de inteligencia de la Policía Antinarcóticos siguieron durante meses la pista de dos clanes familiares que, según la Fiscalía, se habían quedado con una parte clave de la distribución de cocaína en Bogotá. El foco de la operación eran sectores residenciales del norte, como La Colina Campestre, y zonas del occidente y sur, entre ellas Villa Alsacia, en Kennedy. Las autoridades sostienen que la organización se valía de falsos allanamientos para apoderarse de cargamentos de droga, presentándose como policías y miembros del CTI para ingresar a casas de compra y venta de estupefacientes. A partir de interceptaciones telefónicas y seguimientos, los investigadores reconstruyeron la estructura y los movimientos de estos grupos.
La operación ‘Anuket’, adelantada a finales de noviembre, terminó con diez personas capturadas y llevadas ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, cargos que ninguno aceptó, De acuerdo con el expediente conocido en audiencia, los investigadores detectaron que los clanes familiares habrían montado un esquema de apropiación de cocaína mediante la simulación de operativos oficiales.
Los presuntos integrantes llegaban a viviendas señaladas como puntos de almacenamiento o comercialización de estupefacientes, vestidos con prendas de uso privativo de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación, para ejecutar supuestos allanamientos. Una vez dentro de los inmuebles, los grupos se apoderaban del alcaloide que allí se encontraba. Según la Fiscalía, la droga no era reportada ni incautada formalmente, sino que entraba a la cadena de distribución controlada por los clanes en el norte y sur de la ciudad. La modalidad se repitió, al menos, en cinco eventos documentados entre febrero de 2024 y agosto de 2025, periodo en el que se habrían apoderado de más de 100 kilogramos de cocaína. En la lista de capturados figuran, según la investigación, Luz Amparo Góngora, alias ‘Amparo’; Sandra Maryoly Aguirre Montenegro, conocida como ‘La Mona’; Sulay Puentes Góngora, alias ‘La Chula’; José del Carmen Rueda Jaimes; así como Carlos Andrés Rueda Puentes, Vidaura Vega (‘Cecilia’), Leydi Yazmín Barragán Vega y Juaner Javier Barragán Vega.
A ellos se suman el expolicía Jeisson Tapias Morales y Javier Alfredo Sánchez Martínez, exmiembro del CTI, quienes presuntamente aportaban experiencia y acceso a información operativa. En audiencia, la Fiscalía expuso que la organización habría tejido contactos con otras estructuras narcotraficantes en departamentos como Santander, Meta y Nariño. Una de las hipótesis es que al menos una negociación por 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína habría sido pactada con un grupo de Santander para distribuir la droga en Bogotá. Las pesquisas buscan determinar si estas alianzas respondían a una estrategia de expansión de mercado o a acuerdos puntuales para abastecer puntos específicos de venta. El expediente también incluye referencias a una supuesta fiesta realizada en 2013 en el norte de la capital, cuando uno de los investigados se encontraba en prisión domiciliaria. De acuerdo con los reportes policiales, el evento habría sido organizado con dinero producto de un millonario hurto y se habría llevado a cabo en el mismo inmueble donde cumplía su condena. Estos antecedentes son presentados por el ente acusador como parte del historial delictivo y del estilo de vida atribuido a algunos miembros del clan.
Además de las imputaciones actuales, varios de los hoy procesados registran condenas previas por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto calificado, fraude procesal, falsedad en documento y estafa. La Fiscalía sostiene que la reincidencia y la variedad de las conductas evidencian una trayectoria criminal consolidada, mientras que la defensa insiste en que cada caso debe ser evaluado por separado y con respeto a la presunción de inocencia. El proceso también abrió una línea de investigación sobre posibles apoyos desde dentro de la Fuerza Pública. Las autoridades hablan de la búsqueda de un hombre conocido como alias ‘Garza’, quien sería un miembro activo de la Policía que presuntamente habría colaborado con la organización en la realización de los falsos allanamientos. Esta línea es considerada clave para establecer hasta qué punto la red pudo haber contado con información privilegiada o respaldo interno.
Por ahora, los diez capturados seguirán vinculados al proceso mientras avanza la etapa de juicio. La defensa anunció que controvertirá la legalidad de las interceptaciones, la forma en que se documentaron los allanamientos y la interpretación que la Fiscalía hace de los vínculos familiares y antecedentes de los procesados.
El caso se suma a otras investigaciones recientes sobre estructuras narcotraficantes con presencia en sectores residenciales de Bogotá y refuerza el debate sobre el papel de las redes familiares y de la corrupción institucional en la expansión del narcomenudeo urbano. Las autoridades insisten en que las pesquisas continúan y que no se descartan nuevas capturas.