Una visita de inspección cambió el libreto
Todo comenzó con rumores que corrían por los pasillos y chats internos de Caracol Radio: listas de nombres, correos de desvinculación, despedidas apresuradas en cabina. En cuestión de horas, las versiones sobre un recorte de personal dejaron de ser un comentario aislado para convertirse en noticia nacional. El sindicato Sinprisa habló de una “masacre laboral”, mientras en redes sociales empezaban a circular mensajes de periodistas que anunciaban su salida de la cadena o expresaban solidaridad con sus compañeros despedidos.
La situación llamó la atención del Ministerio de Trabajo, que ya venía recibiendo señales de alarma sobre despidos en Caracol Radio y W Radio. Una comisión de la cartera laboral llegó a la sede de la empresa en Bogotá para realizar una inspección in situ: revisar expedientes, escuchar a trabajadores, contrastar versiones y verificar si las decisiones de la compañía se ajustaban a la normativa que regula los despidos colectivos y la estabilidad de empleados sindicalizados.
Mientras tanto, en los estudios de la cadena, las emisiones continuaban. Los oyentes seguían recibiendo noticias, análisis y programas de entretenimiento sin ver el remezón interno que vivía la empresa. Solo algunas voces al aire, como la de reconocidos conductores que se despidieron de sus colegas en vivo, dejaron entrever la magnitud del cambio. Para el público, la información sobre la crisis fue llegando a través de otros medios, comunicados sindicales y las propias cuentas de X de los protagonistas.
El desenlace parcial se conoció cuando el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, decidió romper el silencio institucional. En un hilo publicado en su cuenta de X, el funcionario informó que, tras las labores de inspección, el Ministerio había identificado violaciones a la normativa laboral, en particular al artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, al encontrar despidos de trabajadores sindicalizados con fuero circunstancial. El mensaje confirmaba lo que los sindicatos venían denunciando: que la reestructuración no era solo un asunto interno, sino un hecho con posibles implicaciones legales.
No se trató solo de un pronunciamiento. Sanguino anunció medidas preventivas que buscaron cambiar el curso de los acontecimientos. Ordenó a Caracol abstenerse de realizar nuevas terminaciones de contrato sin justa causa y de recurrir a “mutuos acuerdos” mientras se adelanta un Proceso Administrativo Sancionatorio. También exigió a la compañía evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como atentatoria contra la libertad sindical o la organización de los trabajadores. El mensaje fue claro: el Estado no permanecería como espectador.
La escena se completó con los pronunciamientos de distintos actores. Desde el movimiento sindical, la intervención se celebró como una victoria parcial y una señal de respaldo para los empleados despedidos o en riesgo. Desde sectores empresariales y analistas, en cambio, surgieron preguntas sobre el alcance de las medidas y la forma en que el Estado debe involucrarse en decisiones de gestión interna, especialmente en compañías que enfrentan desafíos financieros y de transformación tecnológica.
Hoy, tras la primera ola de decisiones, el caso entra en una etapa menos vistosa pero crucial: la del proceso administrativo. Allí, lejos de los micrófonos, se definirán responsabilidades, se revisarán uno a uno los expedientes de despido y se determinará si hubo vulneración de derechos fundamentales. El resultado, que llegará con menos ruido mediático que los trinos y titulares iniciales, será el que finalmente diga si la historia de esta crisis se cierra con sanciones ejemplarizantes o con un archivo del expediente.