Comunidades ven menos peces y más lanchas extranjeras
La vida en San Andrés y Providencia depende profundamente del océano. Para los raizales, la pesca no es solo un oficio; es una parte esencial de su cultura y su forma de habitar el territorio. Por eso, cuando ven lanchas extranjeras y embarcaciones industriales operando en zonas que consideran propias, sienten que se les está arrebatando algo más que un recurso económico. La llegada masiva de botes de Nicaragua, Honduras y otros países ha cambiado la escena diaria en cayos tradicionales como Quitasueño.
Erlid Arroyo, pescador artesanal y miembro de la asociación I-Fish, sitúa un punto de quiebre en 2012, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que recortó el mar bajo jurisdicción colombiana. “Lo que ha agravado todo esto es esa pelea que se tuvo del mar, en la que Colombia, de alguna manera u otra, perdió. Los nicaragüenses y hondureños cada vez más lo hacen con mayor convencimiento”, dice. Para él y sus compañeros, la pesca ilegal extranjera se siente hoy más cercana, más frecuente y más desafiante.
Las cifras oficiales respaldan lo que los pescadores ven. Entre 2008 y 2025 se han incautado en Seaflower 81.176 kg de pesca ilegal, y más de dos tercios de ese volumen pertenecen a embarcaciones extranjeras. Sin embargo, los pescadores raizales saben que lo incautado es apenas una parte del problema: detrás de cada lancha retenida hay muchas otras que logran escapar de la vigilancia. La distancia entre las estadísticas y la realidad cotidiana se mide en redes vacías, jornadas más largas y retornos cada vez menos abundantes.
La relación con las instituciones también es compleja. Aunque la Armada asegura tener hombres destacados en varios bancos y cayos, pescadores como Taylor y Arroyo sostienen que la presencia efectiva en el agua es insuficiente. Aseguran que las lanchas de control llegan cuando hay denuncias o cuando se activan alertas, pero rara vez pueden cubrir toda el área de manera preventiva. Además, sienten que en ocasiones las prioridades se inclinan hacia la persecución del narcotráfico, mientras la pesca ilegal avanza en silencio.
Al mismo tiempo, las comunidades raizales enfrentan tensiones con otros pescadores colombianos. Históricamente han pedido que solo ellos y los residentes permanentes puedan pescar en el archipiélago, para evitar que embarcaciones industriales y trabajadores de otras regiones se queden con la mayor parte del recurso. Aunque una resolución de la AUNAP respaldó este reclamo, la autoridad raizal emitió un decreto simbólico intentando regular la pesca por su cuenta, alegando que las normas siguen sin cumplirse. Esto refleja un profundo deseo de autogobierno sobre el mar que habitan.
El impacto ecológico de la pesca ilegal se traduce, para los pescadores, en cambios visibles en el mar. Menos caracol pala, langostas más pequeñas y menos frecuentes, parches de coral deteriorados y menos peces loro nadando entre las rocas. Muchos sienten que, aunque Seaflower es formalmente un área protegida, en la práctica los esfuerzos de conservación no alcanzan a compensar la presión de las redes, los anzuelos y los compresores. Cada especie que desaparece o se hace más escasa significa menos ingresos y más incertidumbre para las familias.
Pese a todo, las comunidades siguen buscando soluciones. Apoyan la idea de una gran Reserva de Biosfera Transfronteriza que conecte a seis países del Caribe y piden mayor inversión en tecnología para sus propias embarcaciones. Entienden que no es posible tener un guardacostas en cada cayo, pero creen que los pescadores artesanales pueden ser aliados clave en el monitoreo y la defensa del territorio. “Haciendo nuestras faenas de pesca, ya estamos haciendo posesión sobre un espacio en el que nadie está”, resume Arroyo, convencido de que proteger el mar también es una forma de defender su identidad.
Las historias de pescadores raizales de San Andrés y Providencia muestran el lado humano de la pesca ilegal en Seaflower. Más allá de las cifras de incautaciones, la expansión de lanchas extranjeras, las tensiones con la pesca industrial y las limitaciones de control estatal están transformando la vida cotidiana en el Caribe colombiano. Fortalecer la participación de las comunidades, mejorar la vigilancia y frenar la pesca ilegal en Seaflower son pasos esenciales para proteger la biodiversidad marina y garantizar que el mar siga siendo sustento e identidad para las familias raizales.