Eran víctimas de reclutamiento forzado por disidencias
Detrás de las cifras frías del bombardeo en Guaviare hay historias que apenas comienzan a conocerse. Los menores de edad que murieron en el campamento atacado por las Fuerzas Militares no llegaron allí por decisión propia: según la Defensoría del Pueblo, eran víctimas de reclutamiento forzado por parte de las disidencias de las FARC. Hijos e hijas de familias campesinas, indígenas o rurales que, en muchos casos, fueron arrancados de sus hogares con engaños o amenazas, y terminaron en medio de una guerra que no eligieron.
La noticia de su muerte, confirmada primero por la Defensoría y después por Medicina Legal, desató una ola de dolor y de preguntas. La directora del ICBF lamentó públicamente el hecho y afirmó que “todos les fallamos”, en referencia a un Estado que no logró protegerlos antes de que fueran reclutados y a unas instituciones que tampoco evitaron que murieran en una operación militar. Sus palabras resumieron un sentimiento extendido en organizaciones de infancia: en Colombia, los niños siguen siendo los más desprotegidos en el conflicto armado.
En los caseríos y veredas del Guaviare y de otros departamentos donde operan las disidencias, las familias viven con miedo a que sus hijos sean el próximo objetivo de los reclutadores. Líderes comunitarios denuncian que, con frecuencia, hombres armados llegan a ofrecer “oportunidades”, dinero o una supuesta causa política a adolescentes que no encuentran alternativas de estudio o trabajo. Quienes se resisten pueden ser amenazados o desplazados. En ese contexto, no resulta extraño que niños terminen en campamentos como el bombardeado, convertidos en combatientes a la fuerza.
La muerte de estos menores en una operación militar reabre heridas en el país. Colombia ya había vivido controversias similares por bombardeos en los que murieron niños reclutados, como los ocurridos en Caquetá o Guaviare durante gobiernos anteriores. Para muchos familiares y defensores de derechos humanos, la pregunta que vuelve a surgir es si el Estado ha aprendido algo de esos episodios o si sigue dispuesto a correr el mismo riesgo con tal de neutralizar a los grupos armados. La sensación de repetición genera desconfianza y frustración.
El propio presidente Petro reconoció que la decisión de bombardear fue “riesgosa”, pero defendió que buscaba evitar una emboscada contra jóvenes soldados. Sus palabras, aunque dirigidas a explicar la lógica militar detrás de la operación, fueron leídas por muchas víctimas como un reconocimiento de que se sabía del peligro de causar bajas civiles, incluidos menores. Para quienes han dedicado años a exigir la protección de la niñez, el mensaje es claro: el país sigue atrapado en el dilema de decidir entre la seguridad inmediata y la salvaguarda absoluta de los derechos de los niños reclutados.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo insistió en que, aun cuando los menores hayan sido reclutados por grupos armados, esto no los convierte en objetivos legítimos. Su llamado apunta a que las operaciones militares deben planearse para minimizar al máximo el riesgo sobre ellos, incluso si eso implica perder la oportunidad de atacar ciertos campamentos. Esa perspectiva, centrada en la protección reforzada de la niñez, contrasta con la lógica de “blanco de alto valor” que, en ocasiones, domina la estrategia de seguridad.
Al final, el caso deja una imagen dura: niños que fueron primero arrebatados a sus familias por las disidencias y luego murieron en un bombardeo ordenado por el Estado. Para las comunidades del Guaviare y para las organizaciones de derechos humanos, la pregunta de fondo es cómo evitar que nuevas generaciones vivan la misma tragedia. Más allá de los debates jurídicos y políticos, el duelo por estos menores se convierte en un recordatorio de que la guerra sigue teniendo un rostro infantil en Colombia.
Las historias de los menores muertos en el bombardeo de Guaviare ponen el enfoque en las víctimas más vulnerables del conflicto armado colombiano. Reclutados por las disidencias y muertos en una operación del Estado, estos niños y adolescentes revelan fallas profundas en la prevención del reclutamiento y en la protección de la niñez durante las operaciones militares. Mientras el gobierno de Petro intenta explicar la decisión y entidades como la Defensoría del Pueblo y el ICBF exigen cambios, el país enfrenta la tarea urgente de fortalecer las estrategias para que ningún niño vuelva a morir en la guerra.