Detrás de las cifras de siete bombardeos hay historias de niños reclutados que murieron en operaciones militares
Las cifras hablan de “25 menores muertos en siete bombardeos”, pero detrás de cada número hay una historia rota. Niños y adolescentes que salieron de sus casas en Caquetá, Guaviare, Chocó, Amazonas o Arauca y terminaron en campamentos de grupos armados, reclutados a la fuerza o engañados con promesas de dinero, poder y pertenencia. Cuando las operaciones aéreas se ejecutaron, muchos de ellos dormían en cambuches improvisados o cumplían tareas de apoyo, en medio de estructuras armadas que, según capturas fotográficas y testimonios recogidos por la prensa, mezclaban armas, improvisados dormitorios y cocinas de campaña.
En San Vicente del Caguán, por ejemplo, familias de adolescentes desaparecidos supieron por las noticias que sus hijos podían estar entre los cadáveres recuperados tras el bombardeo de 2019. Desde entonces, muchos han recorrido morgues y oficinas de Medicina Legal buscando confirmar identidades, mientras organismos humanitarios denuncian que el reclutamiento de menores por parte de disidencias y otros grupos sigue siendo una constante. El duelo se vuelve más duro cuando se mezcla con la sensación de haber sido ignorados por años en territorios donde el Estado casi siempre llega tarde.
En Guaviare y Amazonas, las historias se repiten con matices similares. Algunos padres relatan que sabían que sus hijos estaban en manos de las disidencias, pero esperaban que en algún momento pudieran escapar o ser rescatados. Otros, en cambio, se enteraron de su vinculación solo cuando vieron listados de fallecidos o escucharon en la radio que Medicina Legal había identificado adolescentes entre los muertos. La confirmación de que murieron en bombardeos estatales genera sentimientos contradictorios: rechazo a los reclutadores, pero también preguntas difíciles sobre el uso de bombas en lugares donde se sabía que había menores.
Los relatos recogidos por medios nacionales e internacionales sobre niñas y niños que sobrevivieron a estos ataques ayudan a entender la dimensión humana del problema. Los adolescentes que lograron escapar han narrado cómo fueron sacados de sus comunidades, sometidos a entrenamientos y ubicados en campamentos dispersos. Desde esos testimonios, organizaciones como la Defensoría del Pueblo y agencias de Naciones Unidas insisten en que estos menores son víctimas de reclutamiento forzado y que su presencia en blancos militares no puede usarse como justificación para su muerte.
El bombardeo del 10 de noviembre de 2025 en Calamar, Guaviare, ha dejado imágenes especialmente dolorosas: familiares que llegan a las sedes de Medicina Legal para identificar cuerpos, comunidades indígenas que denuncian la pérdida de adolescentes y líderes sociales que reclaman explicaciones al Gobierno. El presidente Petro ha pedido perdón y ha asumido responsabilidad política, pero en los territorios los padres insisten en que eso no les devuelve a sus hijos ni responde por qué, pese a las advertencias sobre presencia de menores, la operación se llevó a cabo.
En Arauca, tras el bombardeo del 13 de noviembre, líderes comunitarios han señalado que la población local vive atrapada entre las exigencias de los grupos armados y el temor a nuevos operativos militares. Allí, la muerte de una adolescente en la vereda La Esmeralda recordó otras tragedias recientes y reactivó el llamado de la Defensoría del Pueblo a suspender bombardeos donde haya riesgo de menores reclutados. Los habitantes piden que se prioricen salidas humanitarias y negociaciones para la liberación de niños, antes que acciones que pueden terminar cobrándoles la vida.
Para las familias de los 25 menores muertos en estos siete bombardeos, la discusión sobre quién dio la orden y qué gobierno estaba en el poder es secundaria frente a la necesidad de verdad, justicia y reparación. Piden que el Estado reconozca su doble condición de víctimas: primero del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales y luego del fuego estatal que terminó con sus vidas. En esa doble tragedia, coinciden los organismos de derechos humanos, se sintetiza la deuda histórica de Colombia con una niñez que sigue pagando el costo de una guerra que no eligió.
Las historias que hay detrás de los 25 menores muertos en siete bombardeos militares entre 2019 y 2025 muestran que el debate sobre el uso de esta herramienta va más allá de las cifras y los discursos. En territorios como Caquetá, Guaviare, Chocó, Amazonas y Arauca, las familias reclaman que los niños reclutados sean vistos y tratados siempre como víctimas y que el Estado adopte medidas efectivas para evitar que nuevos bombardeos terminen arrebatando más vidas infantiles en medio del conflicto armado colombiano.