Habitantes suplican al Gobierno terminar con zozobra
María Eugenia despierta cada mañana con el sonido de su alarma y una pregunta que la atormenta. ¿Habrá ataques hoy? Esta campesina de 54 años representa a miles de habitantes del Cauca que viven con el miedo instalado en sus hogares. En las últimas semanas, el terror se ha intensificado con más de 17 ataques que han sacudido la tranquilidad de las familias.
Los niños del departamento ya no juegan con la misma alegría. Muchos han aprendido a distinguir el sonido de las explosiones y saben cuándo deben esconderse. Las escuelas rurales han visto cómo sus matrículas disminuyen porque los padres temen enviar a sus hijos por caminos que pueden convertirse en campos de batalla. Los adultos mayores, testigos de décadas de violencia, sienten que el pasado regresa con mayor fuerza.
Los médicos y enfermeras que atienden las comunidades más apartadas trabajan sabiendo que pueden convertirse en víctimas. Cada llamado de emergencia es una apuesta a la suerte. Los líderes sociales que defienden los derechos de sus comunidades reciben amenazas constantes. El gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez ha decidido alzar la voz por todos ellos.
Rosa Emilia, una enfermera de 38 años, recuerda el día en que tuvo que atender heridos en medio de un enfrentamiento. “Uno no piensa en el peligro en ese momento, solo en salvar vidas”, cuenta con lágrimas en los ojos. Pero cuando regresa a su casa y abraza a sus dos hijos, el miedo la invade. La misión médica en el Cauca se ha convertido en una labor heroica que pocos reconocen.
Los transportadores que recorren la vía Panamericana conocen cada curva, cada pueblo, cada rostro familiar. Pero ahora conducen con el corazón en la mano. Don Carlos, un conductor de 62 años que lleva 35 años en las carreteras, nunca había sentido tanto temor. “Antes uno sabía dónde había problemas. Ahora cualquier lugar puede ser peligroso”, dice mientras revisa su camión antes de emprender otro viaje.
Las comunidades indígenas del Cauca han sido históricamente las más golpeadas por el conflicto. Sus territorios se han convertido en corredores estratégicos para los grupos armados. Las familias afrocolombianas del Pacífico caucano viven confinadas, sin poder cultivar sus tierras o pescar en sus ríos. El territorio que les pertenece ancestralmente se ha vuelto una prisión.
Los comerciantes de Popayán ven cómo sus negocios se resienten. Las ventas bajan porque la gente tiene miedo de salir. Los productos no llegan a tiempo porque los camiones se quedan varados en la carretera. Doña Mercedes, dueña de una tienda de abarrotes, cuenta que ha tenido que despedir a dos empleados porque no puede sostener su negocio. “No es solo el miedo, es la economía que se cae”, explica.
Los jóvenes del Cauca enfrentan un futuro incierto. Muchos sueñan con estudiar, con construir proyectos de vida en su tierra. Pero la violencia los obliga a tomar decisiones difíciles. Algunos deciden irse, abandonar su departamento en busca de seguridad. Otros se quedan, aferrados a la esperanza de que las cosas cambien. El reclutamiento forzado es una amenaza latente para las familias con adolescentes.
Los maestros rurales continúan su labor a pesar del peligro. Llegan a sus escuelas por caminos destapados, enfrentando el riesgo de encontrarse con retenes ilegales. Enseñan a leer y escribir mientras afuera se escuchan disparos a lo lejos. Son héroes silenciosos que mantienen viva la esperanza en las comunidades más apartadas. Su compromiso es una forma de resistencia pacífica.
Las madres del Cauca cargan un dolor especial. Algunas han perdido hijos en la violencia. Otras los ven partir porque no encuentran futuro en su tierra. Todas comparten el mismo temor: que sus familias sean las próximas víctimas. El llamado del gobernador Guzmán es también el grito de estas madres que suplican protección para sus seres queridos.
Detrás de cada estadística hay un rostro, una familia, una historia de vida truncada o amenazada. Los 17 ataques no son solo números en un informe oficial. Son eventos que han dejado heridas profundas en el tejido social del Cauca. Son niños que dejaron de sonreír, ancianos que perdieron la paz de sus últimos años, trabajadores que temen por su sustento diario.
El pueblo caucano espera que su clamor sea escuchado. No piden privilegios ni favores especiales. Solo exigen lo que todo ciudadano colombiano merece: el derecho a vivir en paz, a trabajar sin miedo, a criar a sus hijos en un territorio donde la violencia no sea la norma. La respuesta del Gobierno Nacional determinará si estas familias podrán recuperar la tranquilidad o seguirán viviendo en la zozobra.