Familias de la sabana temen nuevas restricciones
Cada mañana, antes de que amanezca, miles de carros salen de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Soacha y otros municipios de la sabana rumbo a Bogotá. Dentro van estudiantes con el uniforme doblado, trabajadores que revisan el celular entre semáforos, familias que han hecho de ese viaje diario una rutina inevitable. Para muchos de ellos, el anuncio de un pico y placa sabatino para vehículos no matriculados en la capital fue algo más que una noticia de movilidad: sonó como una puerta que empieza a cerrarse.
En medio de la preocupación, una frase se hizo viral: “El alcalde está actuando como si Bogotá fuera una isla”. La dijo el abogado Julián Prada Betancourt, que decidió ponerse al frente de una acción popular para tratar de frenar el decreto y, de paso, darle voz a quienes sienten que las decisiones se están tomando sin mirar la vida que ocurre a lado y lado de la Autopista Norte o la calle 80.
Para los conductores que viajan a diario desde Cundinamarca, las fronteras son casi invisibles. Lo que separa a un municipio de Bogotá puede ser un peaje, un letrero verde o un pequeño puente sobre el río. Tras cruzarlo, el paisaje cambia de avisos comerciales a edificios altos, pero el recorrido sigue siendo el mismo: levantarse temprano, sortear trancones, llegar al trabajo o a la universidad, regresar cuando ya es de noche. La matrícula del carro, sin embargo, empieza a convertirse en una línea divisoria.
El decreto anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán apunta justamente a esa placa. Los sábados, cuando muchas familias de la sabana aprovechan para entrar a hacer mercado, visitar familiares, ir a un concierto o simplemente recorrer la ciudad, sus vehículos podrían quedarse estacionados por efecto del nuevo pico y placa. La Alcaldía argumenta que tres de cada diez carros que circulan por Bogotá no están matriculados allí y que eso afecta las finanzas y el tráfico de la ciudad.
Del otro lado, los testimonios hablan de otra realidad: padres que salen de Sopó rumbo a colegios en la capital, trabajadores que viven en Funza pero atienden tiendas, oficinas o consultorios en Chapinero, parejas que se reparten la semana entre casa y negocio a uno y otro lado del río Bogotá. Para ellos, la matrícula en un municipio cercano fue una decisión económica o administrativa; nunca imaginaron que podría convertirse en un factor de exclusión.
En este contexto aparece Julián Prada, un abogado que conoce bien los atascos de la región y que ahora prepara una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuando afirma que Bogotá no puede comportarse como una isla, se refiere a la sensación de muchos habitantes de la sabana que sienten que las decisiones se emiten desde un escritorio sin tomar en cuenta cómo afectarán a quienes viven conectados a la capital por trabajo, estudio o servicios.
Prada sostiene que la medida desconoce la Ley 2199, que habla de coordinar las decisiones de movilidad en la región metropolitana bajo principios de concurrencia y complementariedad. Su temor, compartido por varios ciudadanos, es que la restricción sabatina sea el inicio de una escalada de reglas recíprocas: que los municipios, en respuesta, establezcan límites para los carros con placas de Bogotá, generando una especie de muro invisible en las entradas y salidas de la ciudad.
Mientras tanto, la voz de la Alcaldía llega a través de la secretaria de Hacienda, Ana María Cárdenas, que defiende la necesidad de aumentar el registro vehicular en Bogotá para financiar semáforos, nuevas vías y mantenimiento de la malla urbana. En su relato, el pico y placa sabatino es una forma de corregir un desequilibrio: muchos usan la ciudad, pero no todos pagan impuestos en ella.
Entre estas dos miradas quedan los ciudadanos, atrapados en medio del trancón literal y el trancón institucional. Para algunos, la medida puede significar reorganizar horarios, cambiar rutas, buscar alternativas en transporte público o incluso replantear dónde vivir o matricular su vehículo. Para otros, se trata de una señal de que la relación entre Bogotá y la sabana aún no encuentra una fórmula que reconozca la interdependencia sin convertirla en motivo de conflicto.
El debate sobre el pico y placa sabatino va más allá de los conteos de carros y las tablas de recaudo. Toca la vida cotidiana de quienes cruzan a diario un límite territorial que, en la práctica, se ha vuelto difuso. Si la capital se piensa como isla, la sabana se siente orilla; si se asume como región, ambos lados del río deberían sentarse a definir juntos las reglas del juego.
La acción popular de Julián Prada buscará que un juez escuche estas historias y revise si la medida respeta los principios de la región metropolitana. Mientras eso ocurre, cada sábado que se acerca se convierte en una pregunta abierta para miles de conductores: ¿podré seguir moviéndome como hasta ahora o mi placa dirá, en silencio, por dónde sí y por dónde no puedo pasar?