Cinco indagaciones de la Procuraduría buscan establecer si se respetaron los principios de precaución y humanidad en los operativos
El debate de control político citado por la representante Catherine Juvinao no solo confrontó cifras de menores fallecidos en operaciones militares, sino que abrió un examen de fondo sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la conducción de los bombardeos y enfrentamientos. Las denuncias de la congresista llevaron a la Procuraduría a confirmar que tiene abiertas cinco indagaciones previas para verificar si, en esos casos, la Fuerza Pública respetó los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad.
En el debate, al que fueron citados el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, Juvinao sostuvo que serían 42 los menores muertos por acciones de la Fuerza Pública durante el gobierno Petro, de los cuales 17 habrían fallecido en bombardeos y 25 en enfrentamientos con tropas oficiales. El señalamiento recae sobre operaciones realizadas en departamentos como Guaviare, Amazonas, Arauca, Meta, Cauca y Antioquia, zonas donde se concentran estructuras de disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales.
El delegado para Derechos Humanos de la Procuraduría explicó que las indagaciones buscan establecer, entre otros aspectos, si antes de ordenar los bombardeos se realizó una verificación suficiente sobre la posible presencia de menores reclutados en los campamentos, si se valoraron alternativas menos lesivas y si, durante la operación, se tomaron medidas concretas para minimizar el daño a población protegida. El resultado de estos análisis podría derivar en investigaciones disciplinarias contra mandos militares o en recomendaciones para ajustar la doctrina operativa.
La Defensoría del Pueblo también intervino en la discusión. Su titular, Iris Marín, había pedido previamente al presidente suspender los bombardeos contra objetivos donde pudiera haber menores, invocando el principio de humanidad y la prevalencia de los derechos de la niñez. En el debate, insistió en que el Estado debe extremar la precaución en escenarios donde exista riesgo de reclutamiento forzado y recordó que los menores usados por grupos armados siguen siendo víctimas, incluso cuando portan armas.
El presidente Gustavo Petro respondió a esos llamados con una posición firme: defendió la continuidad de los bombardeos y advirtió que suspenderlos enviaría un mensaje equivocado a los cabecillas, quienes podrían ver en el reclutamiento masivo de menores una “estrategia de protección” frente a la acción militar. El mandatario sostuvo que en su gobierno se ha reducido el reclutamiento infantil y anunció que denunciará a alias Iván Mordisco, señalado como el mayor reclutador de menores del país, ante la Corte Penal Internacional.
Esta tensión entre organismos de control y Ejecutivo se produce en un contexto en el que, incluso dentro del oficialismo, se han expresado dudas sobre la coherencia de la política de seguridad con los compromisos de derechos humanos. En otros espacios, sectores cercanos al Gobierno han pedido revisar los protocolos, mientras desde la oposición se cuestiona el giro de Petro frente a la postura que mantuvo como senador, cuando criticaba duramente bombardeos con presencia de menores durante gobiernos anteriores.
Para analistas consultados por distintos medios, el desenlace de las indagaciones de la Procuraduría y el seguimiento que haga el Congreso a estos casos serán determinantes para definir el rumbo de la política de seguridad. Si se concluye que se cumplieron los estándares del DIH, el Gobierno reforzará su defensa de los bombardeos como herramienta legítima contra grupos armados que reclutan niños. Si, por el contrario, se encuentran fallas en la evaluación del riesgo o en la ejecución de los operativos, el Ejecutivo podría verse obligado a ajustar su estrategia y a reforzar la supervisión civil sobre la Fuerza Pública.
En medio del debate por los bombardeos del gobierno Petro y las denuncias de menores muertos en operativos militares, el papel de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Congreso será clave para definir hasta dónde se ha respetado el DIH. La forma en que se resuelvan estas investigaciones no solo impactará a los altos mandos y a los ministros involucrados, sino que marcará la hoja de ruta de la política de seguridad y de la relación entre el Estado colombiano y las comunidades afectadas por la guerra en los próximos meses.