Quintero promete agotar todas las instancias disponibles
Para Daniel Quintero Calle, el sueño de llegar a la Casa de Nariño se torna cada vez más esquivo. El exalcalde de Medellín, quien dejó una huella controversial pero innegable en la capital antioqueña, enfrenta ahora el segundo revés de la Registraduría Nacional en menos de una semana. La noticia llegó el 11 de noviembre: su recurso de reposición fue rechazado, manteniendo la prohibición de inscribir el comité de firmas con el que pretendía llegar a las elecciones presidenciales de 2026.
Desde su oficina, Quintero ha seguido minuto a minuto el desarrollo de este proceso que considera injusto. El político de 45 años, ingeniero de profesión y conocido por su estilo disruptivo en la administración pública, no oculta su frustración ante lo que califica como “trabas” impuestas a su candidatura. A través de sus redes sociales, donde mantiene una comunicación constante con sus seguidores, ha expresado su inconformidad con los tiempos de respuesta de la autoridad electoral.
“Ya hemos perdido tres semanas”, escribió Quintero en su cuenta de X, reflejando la ansiedad que genera un calendario electoral que no se detiene. Cada día que pasa sin poder iniciar la recolección de firmas representa un desafío mayor para alcanzar el millón de apoyos que necesitaría para garantizar las 630.000 firmas válidas exigidas por la ley. Sus simpatizantes, reunidos bajo el lema “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”, esperan con incertidumbre.
La historia de cómo Quintero llegó a este punto está marcada por decisiones que, en retrospectiva, cambiaron radicalmente su destino político. En octubre, el entonces precandidato se inscribió en la consulta del Pacto Histórico, buscando la nominación de una coalición de izquierda conformada por el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Era una apuesta por una plataforma establecida, con maquinaria electoral y respaldo de sectores progresistas.
Sin embargo, las tensiones dentro del Pacto y evaluaciones de riesgo jurídico lo llevaron a reconsiderar su decisión. Quintero anunció públicamente su retiro de la consulta, convencido de que su futuro político debía construirse por una vía independiente, más acorde con su imagen de outsider del establishment político tradicional. Lo que no anticipó fue que su nombre ya estaba impreso en los tarjetones y que, según las autoridades electorales, no había cumplido con los requisitos formales para desvincularse legalmente del proceso.
El 26 de octubre, día de la consulta, el nombre de Daniel Quintero apareció junto a los de Carolina Corcho e Iván Cepeda. A pesar de no hacer campaña y de haber manifestado su retiro, 142.533 colombianos marcaron su casilla, representando más del 6% de los votos emitidos. Esos votos, que para algunos representan un respaldo ciudadano significativo, se convirtieron paradójicamente en el argumento principal para cerrarle las puertas a su candidatura independiente.
Para Quintero y su equipo, la situación resulta kafkiana. Argumentan que su participación no fue efectiva, que las circunstancias de su inscripción fueron excepcionales y que un comunicado posterior del propio Pacto Histórico clarificó que él no era militante de los partidos convocantes. Desde su perspectiva, la interpretación de la Registraduría privilegia tecnicismos sobre la realidad política y sobre el derecho ciudadano a conformar candidaturas independientes.
Las noches recientes no han sido fáciles para el exalcalde. Conocedores cercanos comentan que Quintero ha estado en constante reunión con su equipo jurídico, evaluando cada posible movimiento legal. Ha anunciado que apelará la decisión y que, si es necesario, acudirá a acciones de tutela para defender lo que considera su derecho constitucional a participar en la contienda electoral. La determinación es evidente, pero también lo es la conciencia de que el tiempo juega en su contra.
Sus seguidores, muchos de ellos jóvenes convencidos de que Colombia necesita un “reseteo” como prometía su lema de campaña, expresan en redes sociales su descontento con lo que perciben como obstáculos institucionales a candidaturas no tradicionales. Para ellos, Quintero representa una renovación política, una voz diferente en un escenario dominado por figuras tradicionales. La frustración de ver impedida su candidatura se mezcla con cuestionamientos sobre las reglas del juego político.
Mientras tanto, en Medellín, ciudad que Quintero gobernó entre 2020 y 2023 con un estilo polémico que generó tanto admiradores como detractores, las reacciones son mixtas. Algunos celebran que no pueda continuar su carrera política nacional, recordando controversias de su administración. Otros lamentan que un político que intentó transformar la ciudad no tenga la oportunidad de competir por la presidencia en igualdad de condiciones con otros aspirantes.
Para Daniel Quintero, los próximos días serán definitivos. La resolución de su recurso de apelación y las eventuales acciones constitucionales que pueda interponer representan las últimas cartas que le quedan para mantener viva su aspiración presidencial. Es consciente de que cada hora cuenta en un calendario electoral que no concede treguas y que las posibilidades de revertir la decisión de la Registraduría son limitadas.
Más allá del resultado específico de su caso, la experiencia de Quintero ilustra las complejidades que enfrentan quienes intentan navegar las aguas del sistema electoral colombiano, especialmente cuando las trayectorias políticas no siguen los caminos tradicionales. Su historia, aún inconclusa, es testimonio de cómo decisiones administrativas y interpretaciones jurídicas pueden alterar radicalmente el destino de ambiciones políticas y, potencialmente, afectar la diversidad de opciones disponibles para los votantes en una democracia.

