Rechazo en Cali: prioridad, proteger a la niña
El caso reportado en Cali generó una reacción inmediata de rechazo ciudadano y de organizaciones dedicadas a la defensa de la infancia, que pusieron el acento en una idea central: la prioridad absoluta es proteger a la niña y garantizar un entorno seguro, estable y libre de revictimización. A la par del trámite judicial, especialistas y entidades recordaron que la atención a víctimas de violencia sexual infantil no se limita a un dictamen médico o a una audiencia, sino que requiere una ruta integral con intervención psicosocial sostenida, evaluación del riesgo, acompañamiento familiar y medidas de confidencialidad estrictas. La conversación pública, por su parte, debe evitar la exposición de la identidad de la menor y de cualquier detalle que pueda afectarla ahora o en el futuro.
La denuncia del padre activó oportunamente la cadena institucional que permitió abrir investigación, salvaguardar evidencia digital y solicitar una medida de aseguramiento intramural contra la persona señalada. Este paso —dicen expertos— ilustra el valor de romper el silencio y acudir a los canales de atención especializados, más aún cuando los hechos habrían ocurrido en el entorno doméstico. La intervención temprana facilita ordenar exámenes forenses con enfoque diferencial, iniciar el plan de acompañamiento psicosocial y activar redes de protección con el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, minimizando daños adicionales.
La medida de prisión preventiva dictada por un juez de control de garantías se interpreta, en clave de protección, como un recurso para neutralizar riesgos: eventuales presiones, interferencias sobre pruebas, o cualquier contacto que incremente la vulnerabilidad de la menor. La justicia colombiana, apoyada en estándares internacionales de protección a la niñez, contempla este tipo de decisiones como parte de una respuesta integral en la que confluyen el interés superior del niño, la necesidad de verdad judicial y la seguridad procesal. No se trata de dar un veredicto final, sino de asegurar el proceso y priorizar a la víctima.
Las organizaciones sociales han insistido en la importancia de un tratamiento comunicativo responsable. Recomiendan a medios y audiencias no reproducir titulares que especulen, no divulgar material sensible ni detalles que permitan identificar a la menor, y evitar el morbo. La ética informativa implica reportar los avances judiciales, explicar cómo funcionan las rutas de denuncia y señalar los recursos de apoyo disponibles sin convertir los hechos en espectáculo. Asimismo, promueven la formación comunitaria para reconocer señales de alerta, incentivar la confianza en los canales oficiales y reducir estigmas que dificultan la denuncia.
En el plano preventivo, expertos en protección infantil y salud mental subrayan la relevancia de la educación para el cuidado desde edades tempranas, con contenidos apropiados para niñas y niños que les permitan diferenciar límites, identificar situaciones de riesgo y pedir ayuda. A esto se suma el trabajo con adultos cuidadores en prácticas de crianza respetuosas, escucha activa, y habilidades para interpretar cambios de comportamiento que puedan advertir situaciones de violencia. Las escuelas y centros de salud, por su contacto cotidiano con la niñez, cumplen un rol clave en la detección temprana y en la activación de rutas cuando se sospeche de un caso. Proteger a la niñez exige denunciar a tiempo, acompañar sin revictimizar y confiar en rutas especializadas.