Familias colombianas enfrentan incertidumbre sobre ingreso mensual futuro
Para María Fernanda, una trabajadora formal de Bogotá que gana el salario mínimo, cada peso cuenta. Con el actual ingreso de 1.423.500 pesos mensuales, ella y millones de colombianos como ella enfrentan una realidad cotidiana: los precios suben más rápido que sus salarios. La inflación del 5,51% registrada en octubre significa que lo que podía comprar hace un año ahora requiere más dinero.
Son 3,7 millones de personas en Colombia quienes reciben el salario mínimo como su único ingreso mensual. Detrás de esta cifra hay familias completas que dependen de ese dinero para pagar arriendo, alimentación, transporte, educación de los hijos y servicios básicos. La negociación que comenzará el 1 de diciembre no es solo un debate técnico: representa la diferencia entre llegar a fin de mes con algo de alivio o seguir ajustando el presupuesto familiar cada vez más.
La propuesta del presidente Gustavo Petro de aumentar el salario en 11% llevaría el ingreso a 1.580.085 pesos. Para las familias trabajadoras, esto representaría 156.585 pesos adicionales al mes. Sin embargo, expertos advierten que si este aumento genera más inflación, el beneficio podría evaporarse rápidamente en forma de precios más altos.
Luis trabaja en el sector de servicios en Medellín. Cada mañana se levanta a las cinco para llegar a tiempo a su empleo. Con el salario mínimo sostiene a su esposa y dos hijos pequeños. Cuando le hablan de inflación del 5,51%, él lo traduce en términos simples: el mercado que antes le costaba 400.000 pesos ahora supera los 420.000. El transporte, que ya representa una porción significativa de su presupuesto, tampoco deja de subir.
Para estas familias, la diferencia entre un aumento del 6% y uno del 11% es tangible. Con el 6%, el nuevo salario sería de aproximadamente 1.508.000 pesos, unos 85.000 pesos más al mes. Con el 11%, llegaría a 1.580.000 pesos, casi 157.000 pesos adicionales. Esos 72.000 pesos de diferencia pueden significar comida adicional en la mesa, útiles escolares para los niños, o un colchón mínimo para emergencias médicas.
Sin embargo, la historia completa es más compleja. Carolina, pequeña empresaria en Cali que emplea a cinco personas con salario mínimo, enfrenta su propia angustia. Un aumento muy alto significaría costos que quizás no pueda absorber su negocio. Ya ha sentido el impacto de la reforma laboral reciente, que incrementó sus costos de contratación. Si el salario sube mucho, podría verse forzada a reducir personal o pasar sus empleados de contratos formales a prestación de servicios.
Esta tensión representa el dilema humano detrás de las cifras macroeconómicas. Los trabajadores necesitan genuinamente recuperar poder adquisitivo. La inflación no es un concepto abstracto para ellos: es la cuenta del supermercado que cada vez compra menos, son los servicios públicos que suben, es el arriendo que año tras año aumenta. Cuatro meses consecutivos de inflación creciente han erosionado sus ingresos reales de manera tangible.
Por otro lado, están los riesgos que mencionan los economistas. Si un aumento excesivo genera más inflación, el beneficio inicial se diluye. Peor aún, si empresas como la de Carolina no pueden absorber los costos y deben despedir empleados o recurrir a la informalidad, el resultado final sería contrario al buscado: menos personas con empleo formal y protecciones sociales.
Jorge, representante sindical, argumenta apasionadamente que los trabajadores han subsidiado la economía por años. Después de tres años de alta inflación acumulada, sostiene que es momento de recuperar terreno. Ve en la propuesta del 11% no solo un ajuste técnico, sino un reconocimiento del valor del trabajo y una oportunidad de redistribuir riqueza en un país con alta desigualdad.
El debate sobre el salario mínimo 2026 tiene rostros humanos. Detrás de cada punto porcentual hay familias que calculan si podrán mantener a sus hijos en el colegio, empresarios pequeños que se preguntan si podrán conservar sus negocios, y trabajadores que simplemente aspiran a una vida digna con su esfuerzo diario.
La decisión que se tome en diciembre marcará la vida cotidiana de millones de colombianos durante todo 2026. El desafío para Gobierno, empresarios y sindicatos es encontrar un punto que efectivamente mejore la vida de los trabajadores sin generar efectos que terminen perjudicándolos. Al final, las cifras macroeconómicas importan porque afectan personas reales con sueños, necesidades y preocupaciones muy concretas.