Menores reclutados, víctimas convertidas en objetivos
Siete vidas apenas comenzadas se apagaron en la selva del Guaviare durante un bombardeo militar. Eran niños y adolescentes que debieron estar en aulas escolares, jugando con amigos o creciendo protegidos en sus familias, pero en cambio se encontraban reclutados por un grupo armado ilegal cuando misiles impactaron el campamento donde permanecían. Sus muertes desataron una controversia política nacional, pero más allá del debate, quedan preguntas dolorosas sobre quiénes eran estos menores y cómo llegaron a ese fatal destino.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, expresó con profundo dolor cada muerte de adolescentes en una guerra que no les pertenece. Sus palabras resuenan como un lamento colectivo por una sociedad que permitió que estos niños, entre 15 y 17 años según los reportes, terminaran vinculados a estructuras armadas antes de que el Estado pudiera protegerlos.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, describió la situación como un despliegue doloroso e inhumano de la guerra que afecta a los más vulnerables: menores de edad reclutados por falta de protección estatal y convertidos en objetivos militares. Cada uno de estos siete niños tenía un nombre, una historia, una familia que ahora llora su ausencia.
El reclutamiento forzado es una de las violaciones más crueles del conflicto armado colombiano. Los grupos armados ilegales arrancan niños de sus comunidades, especialmente en zonas rurales donde el Estado brilla por su ausencia. Estos menores son captados mediante amenazas, promesas falsas o simplemente porque no tienen alternativas en territorios dominados por la violencia. Una vez dentro de las estructuras armadas, dejan de ser niños para convertirse en combatientes a ojos de quienes ordenan operaciones militares.
Astrid Cáceres reveló una realidad escalofriante: los funcionarios del ICBF que intentan rescatar menores de estos grupos enfrentan amenazas constantes, y algunos han muerto en el intento. Las comunidades indígenas también sufren intimidación cuando tratan de proteger a sus niños. Esta situación evidencia que no es indiferencia lo que permite el reclutamiento, sino un contexto de terror donde quienes deberían proteger son silenciados con violencia.
Los siete menores fallecidos en Guaviare representan solo la punta del iceberg de una tragedia nacional. Miles de niños permanecen actualmente en filas de grupos armados ilegales en Colombia, viviendo en condiciones deplorables, expuestos a violencia sexual, obligados a cometer actos violentos y privados de educación, salud y futuro. Cada bombardeo que los involucra como víctimas es el fracaso final de un Estado que no llegó a tiempo para salvarlos.
Las familias de estos menores cargan ahora con un dolor indescriptible. Algunos probablemente los buscaron desesperadamente cuando fueron reclutados, acudiendo a autoridades que no pudieron o no quisieron ayudar. Otros quizás fueron amenazados para guardar silencio sobre el paradero de sus hijos. Ahora reciben cuerpos sin vida, víctimas tanto del grupo armado que los reclutó como del Estado que los bombardeó.
El exviceministro Gareth Sella expresó una verdad incómoda pero necesaria: nada justifica bombardear niñas, niños y adolescentes. Esta afirmación resuena porque conecta con la empatía básica que como sociedad debemos mantener incluso en medio del conflicto. Cada uno de esos siete menores pudo haber sido rescatado, protegido, reintegrado a una vida digna si el Estado hubiera llegado antes que la guerra.
La defensora Iris Marín enfatizó que todo esto es lamentable, una guerra en su despliegue más doloroso que convierte a los más vulnerables en daños colaterales. Sus palabras recuerdan que detrás de las estadísticas y debates políticos hay vidas humanas, infancias destruidas, potencial humano aniquilado antes de florecer.
La tragedia de Guaviare obliga a preguntarse cuántos niños más morirán antes de que Colombia decida realmente proteger a su infancia. Astrid Cáceres hizo un llamado desgarrador a que los colombianos se movilicen físicamente en zonas de reclutamiento para impedir que más jóvenes sean llevados por grupos armados. Su propuesta, aunque arriesgada, refleja la desesperación ante un problema que décadas de política estatal no han logrado resolver.
Estos siete menores merecían educación, oportunidades, protección y futuro. En lugar de eso, recibieron reclutamiento forzado y muerte en un bombardeo. Sus historias personales probablemente nunca se conocerán completamente, pero su ausencia debe servir como recordatorio permanente de la deuda que Colombia tiene con su infancia más vulnerable, aquella que crece en territorios donde el Estado es una abstracción y los grupos armados una presencia cotidiana.
Mientras el país debate sobre coherencia política y aplicación del Derecho Internacional Humanitario, siete familias lloran a sus niños. El dolor de estas madres y padres trasciende cualquier posición política o militar. Su sufrimiento exige no solo debates sino acciones concretas para asegurar que ningún menor más tenga que elegir entre el reclutamiento forzado y la ausencia total de alternativas en un territorio abandonado por el Estado.