Menores reclutados murieron bajo bombas militares
Deisy Camila tenía apenas 13 años cuando murió. Maicol Andrés soñaba con regresar a Miraflores. Martha Elena nunca cumplirá 18 años. Estos son solo tres de los siete menores que perdieron la vida en el bombardeo de Guaviare, cada uno con historias, familias y futuros arrebatados.
Detrás de las estadísticas y debates políticos están niños reales que fueron reclutados forzosamente, alejados de sus hogares y colocados en la línea de fuego. Sus muertes representan fallas múltiples de un Estado que no pudo protegerlos del reclutamiento ni de las balas.
Las familias de estos menores ahora enfrentan el dolor de reclamar cuerpos y organizar funerales para hijos que perdieron en circunstancias trágicas. Mientras políticos debaten responsabilidades, ellos simplemente lloran la pérdida de sus seres queridos.
Deisy Camila Morales Gutiérrez de Florencia, Caquetá, tenía apenas 13 años. Su familia nunca imaginó que terminaría en un campamento guerrillero en medio de la selva del Guaviare. Las circunstancias de su reclutamiento permanecen desconocidas, pero su corta vida terminó bajo bombas militares.
Leidy Johana Hoyos Córdoba dejó Popayán, Cauca, cuando tenía 17 años. Sus sueños, esperanzas y potencial quedaron sepultados en la operación militar. Su familia ahora busca respuestas sobre cómo una adolescente terminó combatiendo en filas guerrilleras.
Maicol Andrés Pérez Ávila, de 16 años y oriundo de Miraflores, Guaviare, conocía bien la región donde perdió la vida. La cercanía geográfica no protegió a este adolescente de ser reclutado por grupos armados que operan en su territorio natal.
Martha Elena Abarca Vilches viajó desde Puerto Leguízamo, Putumayo, hasta Guaviare. A sus 17 años, estaba a meses de alcanzar la mayoría de edad. Nunca tendrá esa oportunidad. Su vida terminó en circunstancias que su familia lucha por comprender.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, expresó profundo dolor por cada muerte de adolescentes en una guerra que no les pertenece. Señaló que el Estado falló a estos menores, pero también recordó que funcionarios del instituto han sido amenazados y algunos han muerto intentando rescatar niños de grupos armados.
Los cuerpos de estos menores fueron transportados a Medicina Legal donde equipos forenses trabajaron para identificarlos y entregarlos a familias devastadas. La Fundación Benéfica y Jurídica para la Paz ha acompañado jurídicamente a los familiares en este proceso doloroso.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó que estos menores fueron reclutados por falta de protección y ahora se convirtieron en objetivos militares. Calificó la situación como inhumana, recordando que ningún niño reclutado debería resultar afectado en operaciones militares según derecho internacional.
Mientras políticos intercambian acusaciones sobre responsabilidades, las familias de Deisy Camila, Leidy Johana, Maicol Andrés, Martha Elena y los otros tres menores enfrentan un duelo imposible. Perdieron hijos dos veces: primero cuando fueron reclutados forzosamente, y definitivamente cuando murieron en el bombardeo. Sus historias personalizan una tragedia que trasciende estadísticas y debates parlamentarios. Estos niños merecían protección estatal, oportunidades educativas y futuros llenos de posibilidades. En cambio, recibieron abandono, reclutamiento forzado y muerte. Su memoria exige que Colombia confronte honestamente por qué sigue fallando a su infancia más vulnerable.