En la Sala Plena de la Corte Constitucional, un empate obligó a llamar a un conjuez que deberá desempatar la votación sobre la ley pensional
La escena se repite en el centro de Bogotá: mientras los magistrados discuten a puerta cerrada en el Palacio de Justicia, grupos de ciudadanos se concentran en las plazas cercanas, pendientes de cada comunicado oficial. Esta vez, la expectativa se centraba en la reforma pensional, la ley que promete reorganizar el sistema de jubilaciones en Colombia. Sin embargo, al final de la jornada no hubo un veredicto definitivo, sino un empate que dejó todo en manos de un conjuez.
Dentro de la Sala Plena, el ambiente fue de argumentación intensa. De un lado, magistrados que consideran que el trámite en el Congreso vulneró principios constitucionales; del otro, quienes creen que, pese a las críticas, la ley respeta las reglas del proceso legislativo y desarrolla el mandato de ampliar derechos sociales. La decisión de apartar al magistrado Héctor Carvajal ya había alterado de antemano el equilibrio de fuerzas, y el resultado final fue un empate 4-4 que obligó a buscar una voz adicional.
Esa voz será la del conjuez Carlos Pablo Márquez, un abogado y economista que ahora deberá hacerse cargo de un expediente voluminoso, nutrido por más de cuarenta demandas, conceptos de expertos, informes del Gobierno y observaciones de organizaciones sociales. Márquez tendrá que recorrer en semanas un camino que le tomó meses a la Corte, revisando actas, grabaciones, estudios financieros y antecedentes legislativos para construir su propia posición sobre la reforma pensional.
Fuera de los despachos, la historia se cuenta con otros matices. En el centro de Bogotá, representantes de sindicatos, asociaciones de jubilados y colectivos de mujeres mayores se han reunido para explicar, con megáfonos y volantes, qué significa la pensión en sus vidas. Algunas relatan que nunca lograron completar las semanas de cotización; otras explican que sus pensiones actuales apenas alcanzan para cubrir servicios y mercado. En sus relatos, el fallo de la Corte no es un asunto abstracto, sino la posibilidad de acceder a una renta básica o de mantener beneficios ya adquiridos.
En barrios de la capital y en municipios de la Sabana de Bogotá, la reforma ha sido tema recurrente en reuniones comunitarias y programas radiales locales. Líderes sociales y asesores jurídicos han organizado charlas para explicar el sistema de pilares, la diferencia entre Colpensiones y los fondos privados y el régimen de transición previsto para quienes están cerca de la edad de jubilación. La mayor pregunta se repite en cada encuentro: ¿qué pasará si la Corte tumba la ley o si ordena ajustes profundos?
El reloj no está a favor de nadie. La entrada en vigencia de la reforma se había fijado para julio de 2025, lo que deja pocos meses para que el conjuez estudie el caso, la Corte tome una decisión y el sistema se prepare para los cambios. En caso de que el fallo ordene ajustes, el Congreso tendría que volver a discutir algunos artículos, lo que sumaría nuevas sesiones y debates. Entretanto, las entidades públicas y privadas que administran pensiones siguen trabajando con escenarios paralelos: uno en el que la reforma arranca como está, y otro en el que se mantiene el esquema actual.
El desenlace de esta historia se escribirá en un documento de varias páginas, cargado de citas constitucionales y consideraciones técnicas, pero su impacto será palpable en las filas de los bancos, los puntos de atención de Colpensiones y los hogares donde viven adultos mayores. Allí se sentirá si la reforma pensional entra a regir, si se ajusta o si debe volver al tablero de diseño. La Corte Constitucional, a través de un conjuez, definirá así no solo la suerte de una ley, sino el rumbo de la seguridad social en Colombia.
Con el conjuez ya designado, Bogotá y el resto del país esperan un fallo que cierre el largo capítulo judicial de la reforma pensional. La decisión de la Corte Constitucional marcará el futuro de las pensiones, la renta básica para adultos mayores y el sistema de pilares que propone el Gobierno. En un contexto de desigualdad y envejecimiento acelerado, el desenlace de este proceso será clave para entender cómo se garantizará una vejez digna en Colombia durante los próximos años.